Opinión
Tal como la libertad de precios y la ética del mérito tuvieron un efecto en la mentalidad de los chilenos, tendrán igual efecto, pero esta vez el efecto inverso, la reforma tributaria, y las otras reformas concretas al sistema previsional y al de la salud pública, planteadas por el ministro Mario Marcel. Frente al espíritu libertario, y anárquico en ciertos casos, a que dio lugar la libertad de precios, y que más tarde impregnaría a la Constitución de 1980, las reformas propuestas por Marcel estimularán el surgimiento de una elevada ética redistributiva. Se fomentará así el espíritu solidario que fija la prioridad del bien común por sobre el bien individual, y renacerá el republicanismo que animaba, en buena parte, a la Constitución del 25, aborrecida por Guzmán y principal responsable de su destrucción. Me parece conveniente, así, no apurar el proceso constituyente y esperar que la solidaridad y la eticidad republicana que generen esas reformas económicas y sociales fecunden una nueva institucionalidad y se encarnen en el espíritu del pueblo chileno. En suma, el país podrá reconstituirse, no a partir de la letra utópica de una nueva Constitución, sino más bien a partir de una institucionalidad reformada, con asiento en una nueva realidad democrática.
El 2 de octubre de 1973, El Mercurio, en su página editorial, publica una breve nota titulada “Ética y Carta”. Se reconoce ahí como laudable la intención de la junta militar “de ofrecer al país, en un plazo prudente, una nueva Constitución”. Reconoce también que “sería erróneo creer que los países se constituyen en virtud de un documento jurídico”. Por ello, El Mercurio recomienda, como tarea fundamental y primera, la reconstitución del país. Resulta interesante considerar la receta que prescribe este editorial para esa reconstitución. Ella incluye la necesidad de “eliminar el bandolerismo, reimplantar la costumbre del trabajo, reemplazar la asamblea por la acción productiva. Enseñar de nuevo el valor de la verdad y la ilicitud de la mentira, restablecer la fe de los chilenos en su país y en las posibilidades de ganarse la vida honradamente, hacer de Chile una nación soberana, unida, libre y próspera”.
En abstracto, estas recomendaciones aparecen razonables. Pero cuando se habla, por ejemplo, de reemplazar la asamblea por la acción productiva, y se toma en cuenta que en concreto el Congreso ha sido clausurado y que se persigue a los representantes políticos, esta recomendación adquiere un oscuro tinte distópico. Pero, aparte de esto, creo que es posible rescatar, en las actuales circunstancias, la idea de “reconstituir el país”. Tiene claro el editorialista, y tiene razón en declarar, que “el país no se reconstituirá a partir de un documento”, que las constituciones más sabias y exitosas “surgen del espíritu más que de la letra”. Puede así recordarle a la dictadura de Pinochet, a tres semanas del golpe de Estado, que “las nuevas instituciones surgirán de una elevada ética antes que de un texto jurídico”.
Al día siguiente, 3 de octubre, un editorial titulado “Constitución y Reconstitución” presenta la Constitución de 1833 como ejemplo histórico de cómo evitar lo que se percibe como un “legalismo precipitado”. Señala que en esa oportunidad “debió transcurrir tiempo entre abril de 1830 en que empezó la reconstitución de Chile y mayo de 1833 en que pudo promulgarse una carta fundamental armoniosa, justa y durable”.
Cabe preguntarse, ahora, ¿cuál es esa “elevada ética”, ese “espíritu” que tiene precedencia por sobre la letra del texto constitucional? Para decirlo en pocas palabras, los editorialistas de este diario postulan que esa ética debe ser una ética de la libertad. Descendiendo a un plano más concreto, esa libertad se expresa como la libertad de precios, y es el ariete que se emplea para demoler el Estado socialista entronizado en Chile desde 1938. Un editorial previo del 20 de septiembre, titulado “Líneas para una Reconstrucción,” señala: “Si Chile desea crecer, la mentalidad socialista debe ser dejada de lado. Debe tenderse a la libertad de muchos precios, a una racionalización y liberación del comercio exterior y a un fomento a la inversión a través de la agilización del mercado de capitales”. El ideal de libertad se reduce así a la libertad económica de los individuos. Esta libertad no debe imponerse de modo gradual, sino de manera inmediata.
Detengámonos un momento para pensar si esta lección mercurial tuvo éxito y logró reconstituir efectivamente la mentalidad de los chilenos. ¿Hay alguien en Chile, hoy en día, que quisiera revivir los tiempos de la Dirinco? Basta recordar las peripecias del joven economista, alumno de Theotônio dos Santos y Marta Harnecker, quien, a los 19 años y con el “rimbombante título” de jefe de Gabinete del Director Nacional de Costos y Precios de la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, se convertiría en un pequeño zar, en el “engranaje clave”, de la fijación de precios en Chile. Nos dice este economista que, si bien él no podía tomar decisiones sin consultar con su jefe Boris Riedemann, “todo lo que allí sucedía pasaba por mis manos. Podía perder un expediente, ponerlo al fondo de la pila o acelerar su trámite” (ver Sebastián Edwards, Conversación interrumpida, 117-123). Claramente, la lección de El Mercurio tuvo un efecto duradero. A nadie en su sano juicio se le ocurriría hoy en día proponer restaurar semejante práctica económica.
Si en un acotado sentido la lección de El Mercurio fue positiva, lo mismo no puede decirse del rumbo que tomaría esa lección inicial, en tanto que llevó a la imposición del neoliberalismo en Chile. El 17 de abril de 1974, en un editorial titulado “Una Política Total”, El Mercurio propone que la libertad de precios se implemente como una “política total”, y deja asentado el principio: “La libertad económica tiene que ser una política total”. Podría decirse que con la enunciación de ese principio se inicia el ímpetu refundador que culminó con la promulgación de la Constitución de 1980, una impregnada de neoliberalismo.
Proponer la libertad económica como una política total es algo muy amplio y puede significar varias cosas. Puede significar la necesidad de eliminar cualquier restricción estatal que limite el ámbito de la libertad de precios, ya que abrir el paso a esas restricciones sería caer en la trampa de las temidas políticas de corte socialista. Puede significar también que es preciso eliminar toda limitación moral, particularmente todas las consideraciones que invoquen la idea de una justicia social. Y puede significar, por último, que los mecanismos de mercado deben extenderse a todos los ámbitos de la vida humana, generando la comodificación general de las relaciones humanas. Estos significados no son alternativos sino complementarios. Todos ellos corresponden a distintos aspectos defendidos por el pensamiento neoliberal.
La aparición de Milton Friedman y Friedrich Hayek en la escena chilena confirma esa tendencia. Según Friedman, por ejemplo, es muy loable asistir a los pobres y a las personas de la tercera edad, pero no lo es si eso significa violar la libertad de los contribuyentes. Friedman esgrime su convicción libertaria para rechazar el paternalismo del Estado de bienestar: “Si una persona a sabiendas prefiere vivir al día, usar sus recursos para gozar el presente y deliberadamente opta por una vejez pobre, ¿con qué derecho podríamos prevenir que lo haga?”. Por su parte, Hayek recuerda que son Marx y Engels quienes proponen “impuestos fuertemente progresivos” que le servirán al proletariado “para arrebatar poco a poco todo el capital a la burguesía y centralizar todos los medios de producción en manos del Estado”.
Las visiones de estos autores quedan reflejadas en El Ladrillo, que también tiene al socialismo en la mira. Defiende la libertad, pero se trata siempre de la “libertad de precios”, la “libertad de importación”, la “libertad de la tasa nominal de interés”. Se enfatiza el utilitarismo que considera por sobre todo los “beneficios de la libertad económica”, entendible luego de haber sido, como reconoce Sergio de Castro, “bombardeados por años de estatismo”. El estatismo se manifiesta como un Estado redistributivo que, al elevar los impuestos, reduce el incentivo para trabajar, y con ello deteriora la productividad y provoca una caída en el nivel de vida de toda la población. “Es muy poco lo que puede hacerse solo con políticas redistributivas, pues un mejoramiento de los grupos de más bajos ingresos necesariamente tendría que significar una reducción de los niveles de vida de la clase media”.
En manos de Jaime Guzmán, la “elevada ética” que recomienda inicialmente El Mercurio pasa a ser, en la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno (1974), la “creación de una moral de mérito y del esfuerzo personal. El estilo bajo y mediocratizante que ha caracterizado a la política nacional en el último tiempo ha ido desarrollando una mentalidad que frecuentemente ha llegado a considerar el éxito personal como algo negativo, que hay que esconder o ‘hacerse perdonar’. Una nueva actitud dirigida a encaminar al país por la senda de la grandeza nacional tendrá que conceder una importancia vital al premio y distinción pública para quien lo merezca en razón del mérito y la superación personal, tanto en el plano del trabajo o de la producción como en el del estudio o la creación intelectual”. Por ello, continúa la Declaración, “resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos”.
No es recomendable que el actual Gobierno proclame la necesidad de cambiarles la mentalidad a los chilenos. La intención de Guzmán tiene un tufillo totalitario, como también lo tiene la idea mercurial de una “economía total”. Lo que sí sería recomendable es tomar seriamente en cuenta la idea de que “el país no se reconstituirá a partir de un documento”, que las constituciones más sabias y exitosas “surgen del espíritu más que de la letra”, que las nuevas instituciones surgirán de una eticidad concreta antes que de un texto jurídico utópico. Tal como la libertad de precios y la ética del mérito tuvieron un efecto en la mentalidad de los chilenos, tendrán igual efecto, pero esta vez el efecto inverso, la reforma tributaria, y las otras reformas concretas al sistema previsional y al de la salud pública, planteadas por el ministro Mario Marcel.
Frente al espíritu libertario, y anárquico en ciertos casos, a que dio lugar la libertad de precios, y que más tarde impregnaría a la Constitución de 1980, las reformas propuestas por Marcel estimularán el surgimiento de una elevada ética redistributiva. Se fomentará así el espíritu solidario que fija la prioridad del bien común por sobre el bien individual, y renacerá el republicanismo que animaba, en buena parte, a la Constitución del 25, aborrecida por Guzmán y principal responsable de su destrucción.
Me parece conveniente, así, no apurar el proceso constituyente y esperar que la solidaridad y la eticidad republicana que generen esas reformas económicas y sociales fecunden una nueva institucionalidad y se encarnen en el espíritu del pueblo chileno. En suma, el país podrá reconstituirse, no a partir de la letra utópica de una nueva Constitución, sino más bien a partir de una institucionalidad reformada, con asiento en una nueva realidad democrática.
