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América Latina: democracias en alerta Opinión

América Latina: democracias en alerta

Susana Sierra
Por : Susana Sierra Ingeniera comercial. Socia y fundadora de BH Compliance.
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En Perú se vive una delicada crisis institucional. En Argentina vimos el intento de asesinato de su vicepresidenta Cristina Fernández. Ecuador vive la violencia del crimen organizado. Y en Brasil, los ciudadanos se aprontan a elegir a su nuevo presidente, en medio de infundadas acusaciones anticipadas de fraude electoral por parte del actual mandatario, Jair Bolsonaro. Cada país vive sus propias realidades, pero tenemos la oportunidad de actuar en conjunto para enfrentar problemas comunes, como el avance del narcotráfico y la corrupción, de reflexionar y consensuar acciones para fortalecer una región en convulsión, y restituir la confianza perdida, donde aumentan la transparencia de los gobiernos, la participación ciudadana y el diálogo, y donde se fomentan valores como la tolerancia, ética, responsabilidad o el respeto de los derechos humanos. El desafío es de todos.


Tras años de dictaduras, América Latina avanzó hacia sistemas democráticos, creando instituciones de control y fortaleciendo sus derechos, leyes e instituciones. Sin embargo, aquellos avances se han ido debilitando y hoy vemos cómo diversos conflictos hacen tambalear lo que tanto costó construir.

En la región conviven distintos regímenes. Están los democráticos –unos más desarrollados que otros–, los híbridos y los autocráticos, y en todos se aprecia cierta debilidad. Mientras en algunos países se empoderan sus líderes, ejerciendo un control sobrenatural sobre sus habitantes e instituciones, en otros, se empoderan sus ciudadanos, protestando y exigiendo cambios. En todos existe cierta inestabilidad e incertidumbre, influenciadas también por una crisis a nivel global, donde destacan la pandemia, la inflación, conflictos bélicos, crisis migratorias y el aumento del narcotráfico y el crimen organizado, por nombrar algunos de los temas de preocupación mundial.

Y es justamente en estos momentos de crisis cuando se necesita que las autoridades encaucen los destinos hacia el bien común, pero, por el contrario, muchos de ellos están acentuando la fragilidad del sistema. Los ejemplos abundan y cada país está enfrentando las consecuencias de esta debilidad.

Chile, tras un estallido social, ha sabido de incertidumbre. Si bien un acuerdo transversal para escribir una nueva Constitución fue el primer paso para intentar solucionar la crisis, el proceso continúa vigente tras el rechazo al texto constitucional propuesto, y se espera que las fuerzas políticas logren acuerdos que den mayores certezas de lo que se espera para el país.

En Brasil los ciudadanos se aprontan a elegir a su nuevo presidente, en medio de infundadas acusaciones anticipadas de fraude electoral por parte del actual mandatario, Jair Bolsonaro, buscando cuestionar los resultados en caso de perder.

Mientras, en Perú, se vive una delicada crisis institucional, con su máximo líder, el Presidente Pedro Castillo, enfrentando seis investigaciones por corrupción, en las que estarían involucrados ex y actuales ministros e, incluso, su señora y cuñada, y donde la presidenta del Congreso fue destituida tras ser acusada de concertar leyes con su partido. A esto se suma la inestabilidad que impera, donde en solo un año de mandato ha habido 68 cambios de ministros en las 19 secretarías de Gobierno.

Y en Argentina vimos el intento de asesinato de su vicepresidenta Cristina Fernández, quien enfrenta un juicio por corrupción en la adjudicación de obras públicas, y para quien la fiscalía pide doce años de prisión y la inhabilitación perpetua. El fiscal a cargo, Diego Luciani, dijo que se trató de “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, mientras la exmandataria acusa persecución política, indicando que esto “es un juicio al peronismo», y presidentes latinoamericanos manifiestan su apoyo sin esperar la resolución judicial. Por si fuera poco, el actual presidente, Alberto Fernández, dividió aún más las aguas tras una intimidante frase en contra del fiscal: «Nisman se suicidó. Espero que el fiscal Luciani no haga algo parecido».

Ecuador vive la violencia del crimen organizado, que ha alcanzado niveles alarmantes, con el alza de homicidios y narcotráfico; en Panamá se lleva adelante una mesa de diálogo tras un estallido social, que aún no logra acuerdos; en Nicaragua hay una persecución contra quienes disienten del régimen de Daniel Ortega, con periodistas e incluso medios de comunicación que han arrancado del país, y contra la Iglesia católica; lo mismo está ocurriendo en Guatemala, done se han incremento los casos de acoso a la prensa; en El Salvador, el presidente Nayib Bukele cada vez ostenta más poder; y en Paraguay, el vicepresidente Hugo Velázquez, además del expresidente Horacio Cartes, han sido señalados como “significativamente corruptos” por Estados Unidos, lo que ha provocado un remezón en el Gobierno.

Todo esto es solo una pincelada de lo que se vive en América Latina y cómo se han debilitado las instituciones y, con ellas, la democracia. Por lo mismo, es ahora cuando debemos protegerla, y eso no corre solo por cuenta de las autoridades sino también de cada uno de sus ciudadanos. No podemos escandalizarnos cuando los hechos los protagoniza el bando contrario y defenderlos si lo hacen nuestros amigos. Proteger la democracia es tener una mirada amplia y crítica de lo que le hace bien o mal a nuestro país y su gente, y no en la medida de lo que nos conviene.

Cuando las autoridades acusan persecución política al ser investigadas, solo profundizan la crisis institucional de la región, polarizan a sus respectivos países y hacen cuestionar organismos tan importantes para la democracia, como el Poder Judicial; tal como lo hacen las acusaciones de fraude anticipado en Brasil, que solo ponen en tela de juicio a los sistemas electorales.

Cada país vive sus propias realidades, pero tenemos la oportunidad de actuar en conjunto para enfrentar problemas comunes, como el avance del narcotráfico y la corrupción, de reflexionar y consensuar acciones para fortalecer una región en convulsión, y restituir la confianza perdida, donde aumentan la transparencia de los gobiernos, la participación ciudadana y el diálogo, y donde se fomentan valores como la tolerancia, ética, responsabilidad o el respeto de los derechos humanos. El desafío es de todos.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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