Reducir los riesgos climáticos y de desastres: una hoja de ruta sectorial

Con motivo del Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres (en adelante, RRD), designado por Naciones Unidas para crear conciencia en los gobiernos y la opinión pública respecto de la necesidad de adoptar medidas que minimicen los riesgos en la población, resulta oportuno señalar algunos vectores sobre los que nuestro gobierno, a través del MINVU, avanza decididamente.

La acumulación creciente de riesgos climáticos y de desastres en el mundo, entre otros motivos, por la emergencia climática, se conjuga actualmente en nuestro país con la herencia de una inédita emergencia habitacional y de una profunda crisis social. Ante este difícil escenario, el ministerio ha intensificado sus esfuerzos operativos en todos sus programas, planes y líneas de trabajo, apuntando a recuperar vigorosamente el rol social que lo caracterizó en el pasado.

En este sentido, la implementación de medidas para reducir el riesgo de desastres de diverso origen, particularmente en relación con la población más vulnerable, constituye para este gobierno una estrategia prioritaria, conforme con los compromisos derivados de la Política Nacional para la RRD, la Nueva Agenda Urbana, el Marco Sendai, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.

En términos sectoriales, dicha prioridad se expresa en el desarrollo de líneas de acción tanto estructurales como no estructurales en el quehacer de todas las divisiones y niveles de la gestión ministerial. Por ejemplo, la División Técnica de Estudios y Fomento Habitacional se viene ocupando de la elaboración de estándares de calidad para la construcción con soluciones de prevención o mitigación; la División de Desarrollo Urbano realiza medidas de mitigación o prevención para proyectos urbanos, estudios de riesgos, recomendaciones metodológicas para el análisis de amenazas, acciones de prevención y preparación comunitaria en programas territoriales; la División de Política Habitacional ha otorgado soluciones habitacionales para familias afectadas por desastres y sensibiliza a las comunidades para la prevención y preparación frente a emergencias; por su parte, el Centro de Estudios Ciudad y Territorio analiza información territorial para la gestión del riesgo de desastres.

Asimismo, se viene trabajando intensamente con los equipos regionales de Serviu y Seremi para facilitar la incorporación del enfoque de RRD en el diseño, la planificación e implementación de políticas públicas a nivel regional y local, de manera pertinente a cada realidad.

Es significativo lo avanzado desde que en 2018 se incorporara el enfoque de la RRD en todos los ámbitos de la administración del MINVU y se creara la Comisión para la Reducción del Riesgo de Desastres y Reconstrucción. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer y los desafíos son enormes.

Elaborar un robusto plan sectorial para la Gestión del Riesgo de Desastre en conformidad con la nueva ley que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, está en primera fila. En este sentido, debemos también acelerar la marcha en algunos desafíos técnicos, como mejorar metodologías de evaluación de rentabilidad social para lograr una mayor inversión en líneas especiales para la RRD, diseñar mecanismos de protección financiera para mitigar pérdidas, complejizar la estimación de daños en términos infraestructurales y sociales y, ciertamente, avanzar con decisión en acuerdos políticos que permitan revisar y crear normativa e instrumentos de planificación territorial para poner freno al crecimiento descontrolado de las ciudades y a la relocalización de comunidades hacia zonas expuestas a amenazas.

Finalmente –aunque no por eso menos importante–, en términos sociales asumimos la tarea urgente de reducir vulnerabilidades a través del impulso y creación de capacidades locales para hacer frente a los fenómenos extremos. Esto obliga a desarrollar una mirada compleja sobre la sociedad y reformular sustantivamente la relación que el Estado tiene con ella. ¿Cómo? En principio, superando su abandono de manera no asistencialista, mediante la activación y acompañamiento de procesos colaborativos de RRD generados con y desde las comunidades.

Empoderar a la ciudadanía para que tenga real incidencia en la toma de decisiones que le afectan, resulta vital para comenzar a reducir efectivamente su vulnerabilidad climática y de desastres, y corresponde a un eje gravitante en la hoja de ruta que nos hemos trazado como ministerio.