Las amenazas contra ONGs que denunciaron trabajos forzados en Chile

Para dimensionar la violencia de las amenazas que han recibido representantes de las ONG chilenas que han investigado el trabajo forzado en el país, inicialmente pensamos reproducirlas, sin filtros ni matices, en esta edición de +Política de El Mostrador. Queríamos mostrar la agresividad desmedida de ciertos encapuchados digitales que se amparan en el anonimato para desplegar su odio, rabia y resentimiento.

No les daremos publicidad reproduciendo sus mensajes, pero sí revelaremos su contenido: incluyen amenazas de muerte contra dirigentes y sus familias, advertencias de agresiones sexuales explícitas —entre ellas, violaciones— e intimidaciones relacionadas con actos de tortura. Todo ello acompañado de insultos de extrema virulencia.

Este es el tipo de mensajes que ha recibido durante los últimos días la abogada Carolina Rudnick, directora de la ONG Libera. Tanto esta organización como Ecocéanos han sido señaladas en redes sociales como responsables del arancel del 12,5 % que el Gobierno de Donald Trump impuso a productos provenientes de 60 países.

Esto último, como sanción por importar bienes desde países donde existe trabajo forzado, en una velada referencia a China, país que nada tiene que ver con lo denunciado por ambas organizaciones, las cuales han relevado, entre otros hechos, trata de personas con fines de explotación laboral en la industria agrícola, así como en la industria del salmón.

Las amenazas han llegado por medio de distintas redes sociales, en forma abierta y por mensajes, y poco importa a sus autores que ambas entidades hayan explicado que nunca han pedido la imposición de aranceles, o que figuras políticas de derecha, como Evelyn Matthei, dijera en X que lo sucedido “es un castigo hacia nuestro país por tener relaciones comerciales amplias con China”.

Tampoco los autores de esas amenazas -puros perfiles anónimos- parecen haberse enterado de las declaraciones formuladas el jueves por el Embajador de EE.UU. en Santiago, Brandon Judd, quien explicó que “no estamos hablando de trabajo forzoso en Chile, estamos hablando de productos que se importan a Chile y que se producen mediante trabajo forzoso fuera de Chile”.

Ante las amenazas, ambas ONG realizaron una serie de denuncias. El lunes pasado activaron el Protocolo de Protección a personas defensoras de Derechos Humanos, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y también pusieron los hechos en conocimiento de la Relatoría especial de Naciones Unidas, dedicada a la protección de los defensores de DDHH. Asimismo, el jueves realizaron también una denuncia ante el Ministerio Público, organismo que deberá determinar las direcciones IP desde las cuales se emitieron las amenazas y, en lo posible, dar con los autores de estas.