Opinión
Lo cierto es que la Cámara de Diputadas y Diputados está tomando cada vez más un aire que se asemeja bastante a la criticada Convención Constitucional, y todo indica que se están repitiendo algunas señales que observamos al inicio de la “crisis de la política”, que comenzó cuando se destapó el financiamiento ilegal de la política y que se extendió hasta el año 2019. Sin embargo, pareciera que los dirigentes de los distintos partidos no tienen conciencia de ello. Y así como los ciclos políticos se repiten, el de la confianza pública en las empresas –pagando justos por pecadores– también recibió un duro golpe la semana pasada, cuando se conoció el caso de falsificación de marcas, donde nuevamente está involucrada La Polar. Pero, ya saben, después dirán “no lo vimos venir”.
Después de casi tres meses –84 días para ser preciso–, las negociaciones entre oficialismo y oposición terminaron con un desolador resultado: sin acuerdo. De manera salomónica, los integrantes de la mesa –Apruebo Dignidad, Democracia Cristiana, Amarillos/Demócratas y Chile Vamos– informaron que ahora esperaban que una Comisión Técnica dirimiera entre los distintos mecanismos presentados por cada bloque. Estos van desde 99 convencionales electos (9 de PPOO) y 32 expertos (oficialismo); 50 integrantes electos, más expertos (Chile Vamos); y 60 expertos designados por el Congreso (Amarillos). Claro que la pregunta fue: ¿quiénes integrarán esa comisión? Por supuesto, ni siquiera lograron acuerdo en eso. Recordemos que el plazo fatal para tener una fórmula vence en diciembre, de lo contrario, no alcanzarán a cumplir el calendario autoimpuesto por los propios integrantes de la mesa: elecciones en abril de 2023 y plebiscito de salida en diciembre del mismo año.
Y aunque, después, los presidentes de los partidos intentaron sacar propuestas de la manga –como esa de realizar un cónclave a fines de esta semana– y afirmaron que aún es posible alcanzar un acuerdo –que requiere ratificación en el Congreso–, el resultado hasta ahora es un duro fracaso de la política, particularmente de los partidos políticos chilenos –incluidos los dos micropartidos “debutantes”, Amarillos y Demócratas–, lo que deja una interrogante: ¿existía voluntad real de alcanzar un acuerdo?
Todo indica que los distintos actores han estado negociando con la calculadora en mano, vale decir, proyectando los escenarios de votación que podrían obtener. En el oficialismo saben que no existe ambiente en la ciudadanía, dado que las preocupaciones están en la seguridad ciudadana, inflación, pensiones y migración. Y aunque cuentan con un voto duro de 38%, los riesgos de una derrota que termine asociándose al Gobierno son altos. En la oposición saben igualmente –o deberían saber– que el 62% no les pertenece y que el voto histórico de la derecha está cercano, también, al 35-37%. Por tanto, con voto obligatorio, las sorpresas para los partidos pueden ser significativas a la hora de elegir a quienes redactarían el texto, algo que ya se observó en 2020.
Pero más allá de las interpretaciones, lo cierto es que la ciudadanía debe estar observando con decepción y malestar a nuestra clase política que, una vez más, proyecta no solo una incapacidad de alcanzar acuerdos, sino también comportamientos públicos que no sirven de ejemplo a nadie. En las últimas semanas hemos visto el desfonde del PDG, al más puro estilo de la Lista del Pueblo; la vergonzosa estrategia de censurar a los presidentes de las Comisiones en la Cámara, usando una triquiñuela y de la mano del controvertido Gonzalo de la Carrera; la presentación de un sexto retiro –constitucionalmente no se puede sino hasta abril de 2023–, que demuestra no solo la falta de creatividad –sin contar el efecto inflacionario– sino que es además una alerta del populismo que empieza a instalarse en nuestros políticos. Y rematado esto por la información de que varios diputados usan sus tarjetas de bencina –financiadas por todos los chilenos– para amortizar los gastos de sus parientes. Vergüenza ajena dio el republicano Urruticoechea, quien intentó, en un comunicado de prensa, justificar el uso del beneficio por parte de su señora.
Lo cierto es que la Cámara de Diputadas y Diputados está tomando cada vez más un aire que se asemeja bastante a la criticada Convención Constitucional, y todo indica que se están repitiendo algunas señales que observamos al inicio de la “crisis de la política”, que comenzó cuando se destapó el financiamiento ilegal de la política y que se extendió hasta el año 2019. Sin embargo, pareciera que los dirigentes de los distintos partidos no tienen conciencia de ello. Y así como los ciclos políticos se repiten, el de la confianza pública en las empresas –pagando justos por pecadores– también recibió un duro golpe la semana pasada, cuando se conoció el caso de falsificación de marcas, donde nuevamente está involucrada La Polar. Pero, ya saben, después dirán “no lo vimos venir”.
