El caso Órdenes: brutal golpiza en Plaza Ñuñoa y muchas dudas sobre el trabajo del Ministerio Público

En el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP 2022, analizamos la actuación del Ministerio Público en la investigación de delitos cometidos por agentes del Estado a partir de octubre de 2019, en el contexto del estallido social. Señalamos que la mayoría de los casos han sido archivados o se han cerrado, por decisiones de no perseverar por parte del Ministerio Público. Las instrucciones emanadas 18 meses más tarde por el Fiscal Nacional fueron infructuosas, y dado el ínfimo número de casos en que se han producido sanciones, caminamos hacia la impunidad por los delitos cometidos. Esto se refuerza con la reciente decisión del Ministerio Público de cerrar, al parecer, algunas de las aristas en el caso del Sr. Moisés Órdenes, a través de la decisión de no perseverar respecto de los casos contra algunos policías. Esto solo podría reafirmar que el Ministerio Público no cumplió el rol que se espera de un órgano persecutor.

Órdenes protestaba pacíficamente –con una olla– en las inmediaciones de Plaza Ñuñoa en noviembre de 2019, cuando fue detenido. Sin embargo, antes de ello, fue sometido a una brutal golpiza por un piquete de carabineros, sufriendo lesiones graves y permanentes, incluyendo la pérdida de uno de sus ojos. Todo fue televisado. En una primera etapa, la investigación tuvo muchas diligencias, una relación directa con la víctima, y acusaciones de los imputados al fiscal que inició la investigación. Hoy el escenario es distinto, y debe ser contextualizado en el accionar del órgano que tiene bajo su responsabilidad investigar y perseguir delitos, una responsabilidad aún mayor respecto de delitos cometidos por agentes del Estado. 

Uno de los argumentos esgrimidos por parte de la Fiscalía para archivar muchos de los casos del estallido ha sido la falta de antecedentes y la imposibilidad de identificar a los responsables, lo que haría ineficiente seguir adelante. Sin duda, existen esas situaciones, pero el caso de Moisés Órdenes presenta una diferencia sustancial: la golpiza fue captada por canales de televisión y transmitida a toda la opinión pública, al igual que su detención. Aquí, como en pocos casos, había información fílmica, no solo de medios de comunicación; también del celular de la propia víctima y de las cámaras de la comuna, e incluso de peritajes sobre la lesión ocular, suficientes para acreditar los hechos. Si en este caso, que se inició bajo un fiscal, había un impulso y decisión de seguir adelante, con mucha evidencia, ¿qué no es posible esperar del órgano persecutor?

Se podría pensar en varias explicaciones. ¿No se pudo identificar, en concreto, al policía que dio el golpe que tuvo consecuencias más graves: la pérdida ocular? ¿Será que nadie debe ser sancionado por las otras lesiones que la víctima sufrió a manos del piquete? ¿O que quienes vieron y no frenaron o intentaron frenar la situación tampoco tienen responsabilidad? ¿Será como en Fuenteovejuna, todos fueron y nadie es responsable, y por lo mismo serán absueltos? ¿Será que también el Ministerio Público desecha la vía del Consejo de Defensa del Estado por obstrucción a la justicia, en contra de los policías que falsearon partes policiales y que habrían efectuado la detención? ¿Será que la Fiscalía no entiende la importancia de comunicar y explicar las decisiones?

¿Será que hay una responsabilidad del alto mando que no se ha investigado, algo sugerido por uno de los policías imputados que participó en los hechos? Todo esto debe ser respondido para que la ciudadanía comprenda los parámetros de sus acciones; de otra manera, nadie entiende.

Además de lo anterior, y a pesar de un supuesto esfuerzo investigativo en esclarecer las causas del estallido social, el Ministerio Público sigue sin lograr comunicar adecuadamente sus decisiones que, eventualmente, podrían estar jurídica o fácticamente justificadas. Los casos de violaciones a los derechos humanos exigen al Estado mayores estándares de transparencia en sus decisiones, de manera de informar a la ciudadanía acerca de los resultados de sus investigaciones, lo que a la fecha no ha ocurrido debidamente. El caso Órdenes es un nuevo ejemplo. Esto atenta y nubla el esfuerzo de funcionarios del propio Ministerio Público que, pese a las falencias institucionales, han realizado adecuadamente su trabajo. ¿Cómo podrían defender su labor si, en una de las causas emblemáticas del estallido social, la ciudadanía se entera de una decisión del caso a través de un escrito judicial?

Desde 2020, en nuestro Informe Anual hemos sido críticos con la actuación del Ministerio Público, en base a la evidencia, sobre las decisiones de fiscales individuales. Sin embargo, vale preguntarse si acaso estos hechos no muestran también una cadena de responsabilidades con las jefaturas de las Fiscalías Regionales, como hemos venido evidenciando. ¿A qué apuesta el Ministerio Público como institución? En estos meses (y años) se ha jugado la legitimidad ante la opinión pública respecto de quien lo dirige y qué parámetros se usan para la selección de un Fiscal Nacional. Así como felicitamos el trabajo hormiga que han hecho muchos funcionarios y funcionarias en esa institución, también advertimos serias falencias. Su actuación da señales equivocadas, que no solo minan la legitimidad de su trabajo, sino que abonan a la impunidad, por el incumplimiento de la obligación de debida diligencia que emana de los tratados internacionales que Chile ha ratificado.