[Opinión] Constitución, de vuelta en los estadios

Deportes Constitución ha deambulado desde su advenimiento en los años noventa entre la Tercera y la Cuarta divisiones. En algún minuto este equipo tuvo alguna mínima repercusión mediática y aparecía en los recuentos de prensa de los días lunes.

Lo normal, sin embargo, es que muy pocos se preocupen de sus andanzas.

El vocablo constitución, aunque con otro significado, resurgió durante la semana de boca del subsecretario del Interior y se instaló, como nunca lo ha logrado el modesto club maulino, en el tapete del debate futbolístico.

Con su habitual ceño adusto, Mahmud Aleuy cerró días atrás el tema. «Es inconstitucional», aseveró, la posibilidad de que los clubes profesionales financien de algún modo la acción de Carabineros dentro de los estadios.
Vuelta atrás entonces en la estrategia global para combatir la violencia en el fútbol.

Es cierto, el Estado y las S.A. han hecho intentos por ponerle coto corrigiendo la discapacitada Ley de Violencia en los Estadios. Endurecimiento de penas y sanciones, ampliación de las zonas y horarios punibles, mayor tecnología. En fin, nadie puede acusar indolencia, inacción e impunidad.

Pero algo está fallando, incluso más allá de los muchos planes débiles o defectuosos aplicados y por aplicar. Es la incomprensión de que esto es una tarea de Estado. Y cuando el desafío alcanza esas alturas incumbe a todos los involucrados, pero partiendo por el Estado.

Por eso sorprendió el portazo de Aleuy a la incipiente apertura de los clubes de aceptar que el costo de la seguridad no es solo cosa del Fisco, y que los privados, sobre todo si son los que organizan los espectáculos detonantes de desmanes, deben abrir la billetera para compensar el traslado de la policía a los estadios durante los fines de semana.

Causa desconcierto porque la violencia futbolística, tal como la delincuencia común y la de cuello y corbata, es fruto de una sociedad que se ha mal construido desde hace cuatro décadas.

Estudios sociológicos y antropológicos hay suficientes para entender que el extremo fanatismo escupido desde las graderías por las barras bravas esconde traumas e insatisfacciones profundas. Desigualdad social, exacerbación del individualismo y el consumismo, degradación de la política y de los impulsos colectivos y carencia de utopías conducen irremediablemente a este feudalismo futbolero, en que cada grupo no mira más allá de su pasión por una camiseta y busca enemigos para justificar sus rituales sanadores de agresión y desmanes.

Por todo eso es que el problema no se acaba con controles tecnológicos, registros de identidad o prohibiciones de lienzos y bombos. Ni siquiera subiendo el valor de las entradas para producir oblicuamente una «limpieza social» de los estadios, porque el problema se trasladaría automáticamente a las poblaciones, periferias y guetos, y el Estado debería igual disponer de mayor despliegue policial en esos lugares para sofocar las grescas, a veces hasta mortales.

Hasta que alguna vez este país consiga acabar con su paradigma de libre mercado y cambie las estructuras que perpetúan la desigualdad no queda otra que buscar en el pragmatismo y sentido común los remedios que, al menos, controlen las consecuencias nocivas.

En una sociedad en que también se ha fallado en asentar en las nuevas generaciones el principio de respeto a la autoridad -paterna, pedagógica, fiscalizadora y cívica-, los clubes tienen razón en advertir que el despliegue de guardias privados no bastará para intimidar a los que quieran alterar un partido. Si los delincuentes de clase alta no respetan a los servicios fiscalizadores, y los comunes no temen siquiera a los vigilantes armados que resguardan el transporte de valores, tampoco lo harán los barras bravas con los guardias desarmados en los estadios, por muy bien preparados que estén.

Lo único que ha demostrado algo parecido a la intimidación es la presencia de la policía uniformada dentro de los estadios. Subordinados los carabineros a la autoridad del Ministerio del Interior y de sus representantes de Estadio Seguro presentes en cada partido, no habría que temer en excesos de fuerza que a veces traicionan a algunos policías de choque en el control de las manifestaciones callejeras.

Aunque constitucionalmente tenga razón, los dichos de Aleuy son socialmente erróneos. Promueven entre los hinchas pacíficos y en la población en general la sensación de que al Estado poco le importa atacar esta enfermedad. Bien lo sabe él, que en cada encuesta de medición de la delincuencia la sensación térmica supera con mucho a la delincuencia real.

Por último, como representante de un gobierno que, al menos en las intenciones, tiene muchas ganas de hincarle el diente a la actual Constitución, podría abrirse a la posibilidad de que el financiamiento privado a la acción policial, en los espectáculos generadores de violencia, esté entre las propuestas que serán discutidas en algún futuro.

El hincha del tablón, ese que ha ido al estadio por décadas, sabe muy bien de qué estamos hablando.