BRAGA
Crédito: Agencia Uno
Hace 2 años, la víctima -que tiene una discapacidad visual- presentó una demanda, acusando ser objeto de discriminación y hostigamiento por parte de sus compañeras de labores.
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso falló por unanimidad y confirmó la sentencia en contra del Senado por discriminación arbitraria a la telefonista ciega de la Cámara Alta, Natalia Ravanales.
Hace 2 años, la víctima invocó la Ley Zamudio y demandó al Senado de la República acusando ser objeto de discriminación y hostigamiento por parte de sus compañeras de labores. La telefonista además acusó que no obtuvo respuestas de parte de las autoridades del organismo cuando denunció la situación.
En primera instancia, tuvo un triunfo en el Quinto Juzgado Civil de Valparaíso en la audiencia de 25 de mayo de 2018, fallo que ahora fue ratificado por el tribunal de alzada porteño.
La resolución de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por el ministro Alejandro Germán García y la ministra suplente María Del Pilar Labarca, significa que el Senado debe restituir a Ravanales en alguna función. Sin embargo, ella reconoce que es posible que apelen a la Corte Suprema, por lo que el proceso podría seguir extendiéndose.
La afectada señaló en su cuenta de Twitter que hace 2 años se encuentra con licencia médica apartada de la institución y, con respecto a la sentencia, añadió: «orgullosa de haber hecho mi propia defensa. Respeto para las personas con discapacidad», manifestó en la red social.
Pese al dictamen, Natalia Ravanales actualmente tiene un sumario administrativo en el Senado. Acusa que ha sido perseguida penalmente por haber grabado la conversación en donde la discriminaron, sin el consentimiento de las personas presentes. Sin embargo, tanto el Juzgado Civil como la Corte de Apelaciones la eximieron de responsabilidad.
Ravanales indicó que independiente de que el Senado acate el fallo, ella tendrá que evaluar con su psicólogo si está en condiciones de trabajar normalmente en el lugar por el que se ha mantenido en conflictos judiciales por más de dos años.
