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El gobierno español aprobó un decreto que autoriza el desenterramiento del mausoleo del Valle de los Caídos, pero el prior de la abadía donde reposan los restos de Franco rechaza conceder el permiso para proceder a la exhumación.
Cuando el gobierno de España anunció el pasado mes de junio que procedería a la exhumación de los restos del general Francisco Franco, probablemente tenía previsto que el proceso culminara antes de finalizar el pasado año.
Sin embargo, la salida de los restos del general que gobernó España con mano de hierro durante casi cuatro décadas se está convirtiendo en un auténtico dolor de cabeza.
Pese a que el gobierno encabezado por el socialista Pedro Sánchez aprobó a finales de agosto un decreto que autorizaba el desenterramiento del mausoleo del Valle de los Caídos, 50 km al oeste de Madrid, el prior de la abadía donde reposan los restos de Franco rechazó el pasado mes de diciembre conceder el permiso para proceder a la exhumación.
El tema, 43 años después de la muerte de Franco, es objeto de un intenso debate en España, entre los que consideran una anomalía democrática que los restos del general descansen en un mausoleo -mientras todavía no se sabe dónde están los restos de miles de represaliados- y los que consideran que la exhumación solo «reabre viejas heridas», como opinan algunos dirigentes del conservador Partido Popular.
En este punto, surgen varias preguntas: ¿quién tiene la competencia sobre el Valle de los Caídos?, ¿puede el prior de la abadía impedir la entrada para llevar a cabo la exhumación?, ¿hasta dónde puede llegar el gobierno?
El mausoleo fue construido entre 1940 y 1958 por unos 20.000 presos políticos para rendir homenaje y servir de tumba a quienes cayeron luchando en lo que Franco calificó como su «gloriosa cruzada» y la historia conoce como la Guerra Civil española.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESEl monumento está coronado por una cruz de 150 metros de altura, que pasa por ser la cruz católica más grande del mundo.
Y además de Franco, en el Valle de los Caídos están enterrados José Antonio Primo de Rivera (fundador de Falange Española, el único partido admitido durante el franquismo) así como unos 15.000 combatientes del bando nacional (el de Franco) y 18.000 del bando republicano caídos durante la Guerra Civil.
El conjunto del Valle de los Caídos es un monumento público que pertenece al Patrimonio Nacional de España. Por tanto, en él «aplican las normas del derecho administrativo», le explica a BBC Mundo el abogado Eduardo Ranz, quien ha llevado casos de memoria histórica y es asesor del Ministerio de Justicia.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESPero hay una salvedad: la basílica benedictina que está en el lugar donde reposa el cuerpo de Franco se rige por el derecho canónico.
«La basílica es competencia del derecho canónico porque así se decidió en el Concordato (los acuerdos firmados entre el gobierno español y el Vaticano en 1979), que implica que la Iglesia toma la decisión de lo que ocurre dentro de su territorio», agrega Ranz.
Eso implica, según el abogado, que sí se necesita la autorización de la Iglesiapara proceder a la exhumación de los restos de Franco.
«La Iglesia tiene algo que decir en la medida en que se trata de un enterramiento católico y que el recinto del Valle de los Caídos está administrado por una orden religiosa», considera también Xavier Arbós, catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.
«Pero al final se trata de un recinto que pertenece al Patrimonio Nacional, de modo que no creo que en último término la Iglesia pueda bloquearlo», agrega Arbós.
El Arzobispado de Madrid y la Conferencia Episcopal han manifestado que no se oponen a la exhumación, aunque han apelado a un entendimiento entre el gobierno y la familia.
Los nietos de Franco se oponen a que los restos de su abuelo sean retirados del Valle de los Caídos y dijeron que, si finalmente se lleva a cabo la exhumación, serían enterrados en la cripta que la familia posee en la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid, creando un nuevo problema para el gobierno.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES«Como Iglesia no nos compete valorar la conveniencia ni la urgencia de la modificación legal; sí mostrar nuestra efectiva disposición para acoger en terreno sagrado los restos mortales de un bautizado», dijo el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en un comunicado hecho público el pasado 24 de agosto, tras la aprobación del decreto que autorizaba la exhumación.
«También volvemos a invocar la oportunidad de un acuerdo entre el gobierno, las distintas opciones políticas y la familia del finado. Sin perjuicio de lo anterior, la Iglesia acatará el mandato legal una vez sea firme y ejecutivo», agregó Osoro.
Sin embargo, el prior de la abadía del Valle de los Caídos, el benedictino Santiago Cantera, se niega a que se lleve a cabo la exhumación argumentando que no hay consentimiento de la familia Franco y que hay un proceso judicial sin resolver, en referencia al recurso presentado ante el Tribunal Supremo por los familiares de Franco contra la exhumación del general.
Lo que en este caso no está claro es si el prior debe rendir cuentas ante el Arzobispado de Madrid.
«Hay que tener en cuenta que el monasterio del Valle de los Caídos pertenece a una orden benedictina, que no necesariamente está sujeta a la autoridad del obispado con jurisdicción sobre ese territorio», explica Arbós.
La abadía del Valle de los Caídos depende de la Congregación de Solesmes, encabezada por el abad Philippe Dupont, y en última instancia del Papa.
En cualquier caso, en base al derecho canónico, el Pontífice es la máximaautoridada la que recurrir.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES«Si la Iglesia católica autoriza, todo es bastante más sencillo. Si dice no, al gobierno le quedaría la vía judicial».
El de que la Iglesia diga no «es un escenario no contemplado» por el gobierno, considera Ranz.
En primer lugar, porque el arzobispo de Madrid y el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, ya se han manifestado a favor de la exhumación, como recogen los medios españoles.
El problema en este caso, por tanto, es la negativa de una persona, el prior, pero este «no puede bloquear la decisión del gobierno de sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos», dice Arbós.
«Si esta persona se negara de una manera completamente alejada del sentido común, habría que judicializar y con eso finalmente se obtiene una entrada», agrega, por su parte, Eduardo Ranz, quien pone como ejemplo el caso de un desahucio, en el que con una orden judicial, aunque se oponga una familia, este se lleva a cabo finalmente.
La negativa de Cantera a permitir la exhumación no fue una sorpresa para el gobierno español, que consideró que «el prior se ha negado en distintas ocasiones a seguir las indicaciones dadas por las autoridades eclesiásticas españolas, según le consta al gobierno».
Derechos de autor de la imagenAFPEn su respuesta, el gobierno consideró que la «posición obstruccionista» de Cantera, al que calificó como «antiguo candidato falangista», hará que «la opinión pública pueda llegar a considerar que la Iglesia española avala en su conjunto la negativa del superior de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y, con ella, la negativa de la propia familia Franco».
«El gobierno, pese a los inconvenientes que pueda provocar el rechazo del prior Santiago Cantera, mantiene su decisión de seguir adelante con el proceso de exhumación, respetando cada una de las garantías a las que tiene derecho la familia Franco por ley. Dentro de las gestiones previstas por el gobierno, figura el traslado de todas los requerimientos legales a las instancias superiores del prior Santiago Cantera».
Según una información publicada este viernes por el diario español El País, el gobierno se dirigirá ahora al Vaticano, pues es quien tiene la «autoridad» para resolver esta crisis.
Paralizar la exhumación parece, por tanto, muy difícil, «aunque no imposible si las circunstancias políticas lo imponen», considera Arbós.
Pero en este caso, «la posición del gobierno de exhumarlo parece tener un consenso que va más allá de la izquierda», agrega.
De hecho, el decreto aprobado por el Consejo de Ministros fue avalado en septiembre por el Congreso, por lo que «ya son dos poderes -Ejecutivo y Legislativo- los que refrendan esta decisión, dándole un marco jurídico más sólido», estima Ranz.
