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La Corte Suprema ordenó al Banco de Chile restituir los fondos sustraídos en ataque informático a las cuentas de la empresa Comercial Agrícola e Industrial Novapro. La resolución se conoce en medio de la tramitación en el Congreso del proyecto de ley que responsabiliza a los bancos por fraudes en tarjetas de crédito.
En una sentencia que puede sentar un precedente, la Tercera Sala de la Corte Suprema falló en forma unánime a favor de la empresa Comercial Agrícola e Industrial Novapro, en un caso de fraude informático.
La sala integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Arturo Prado y el abogado (i) Antonio Barra– estableció que el banco es “en quien recae finalmente el deber de eficaz custodia material de éste, debiendo adoptar, al efecto, todas las medidas de seguridad necesarias para proteger adecuadamente el dinero bajo su resguardo».
En agosto del año pasado, la empresa sufrió la pérdida de $26 millones de su cuenta corriente en Banco de Chile de forma fraudulenta y -de acuerdo a los ministros- la entidad financiera debe devolver el dinero al cliente.
El reciente fallo de la Suprema, fue celebrado desde el mundo político. En su cuenta de Twitter, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, aseguró que se trata de un “fallo contundente y muy bien fundamentado”.
“Se debe terminar el criterio de paga el cliente o paga el seguro, jamás el Banco: Corte Suprema falla que los bancos deben hacerse cargo de los fraudes informáticos”, señaló.
Pero éste no es el único fallo de la Suprema favorable a los afectados. En junio de 2018 el máximo tribunal falló que Itaú debía restituir los fondos que fueron sustraídos en forma fraudulenta a su cliente Patricio Bottai, y luego en julio dictó sentencia a favor de Juana María Macchiavello por transacciones fraudulentas hechas en su tarjeta de crédito de BancoEstado.
La decisión judicial en este caso llega en medio de la polémica por el proyecto que responsabiliza a los bancos por fraudes en tarjetas de crédito, que se tramita en el Congreso. El Senado aprobó el año pasado la iniciativa, pero en enero los diputados de la Comisión de Economía aprobaron una serie de indicaciones que habrían llegado desde la industria financiera. La semana pasada, el Gobierno decidió rebajarle la urgencia al proyecto.
Sin embargo, cabe recordar que en esta polémica sobre quién es responsable de restituir los fondos sustraídos a sus clientes, también ha entrado la industria, a través de personeros como Eugenio von Chrismar, gerente general de BCI. A juicio del ejecutivo, “el costo de los fraudes tiene que ser de la persona que cometió el fraude, y de quién tuvo la responsabilidad”.
