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Tras dos años, el Ministerio Público envió un correo electrónico a la defensa de los imputados señalando que se cerró el proceso de recolección de pruebas y antecedentes, las que serán presentadas en un juicio que podría durar al menos seis meses.
A través de un mail enviado el lunes, la Fiscalía le notificó a la defensa de los imputados por el fraude en Carabineros el cierre de la investigación. Fueron más de dos años de recolección de pruebas y antecedentes que dejaron un total de 136 personas formalizadas, de las más de 180 que fueron indagados como responsables, de cara al juicio penal.
Esta investigación inició en octubre del 2016, cuando el fiscal nacional Jorge Abbott le envió un oficio secreto al persecutor regional de Magallanes, Eugenio Campos, donde detallaba que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó indicios que podrían constituir delitos de lavado de activos. Meses más tarde, en marzo del 2017, el entonces general director Bruno Villalobos reconoció que al interior de su institución se detectó un masivo desvío de fondos públicos.
En total, se defraudaron más de $ 28 mil millones desde la Dirección de Finanzas de Carabineros entre 2006 y 2017.
Los correos electrónicos, que comenzaban según informa el diario La Tercera que “comunico a Ud. que hoy, lunes 18 de marzo de 2019, siendo las 17.41 h, he declarado el cierre de la investigación Ruc 1601014175-7”, también fueron enviados a los defensores de los imputados en otras dos causas ligadas al fraude en Carabineros.
Esto es debido a que el Ministerio Público separó la investigación en tres apartados: uno, la llamada causa «madre», relacionada con la malversación desde cuentas institucionales a personales; la causa de los «cuentacorrentistas», donde se investigaba a los que facilitaban sus cuentas corrientes para que los cabecillas del fraude «blanquearan» ahí el dinero mal habido; y la malversación a través de los fondos de desahucios, es decir, dineros recibidos por personas que jamás pertenecieron a la institución.
De acuerdo a la institución, en total se identificaron ocho métodos para defraudar la institución. Los involucrados en estos mecanismos arriesgan penas efectivas de cárcel que parten en cinco años y un día. El resto, casi 100 imputados, podrían optar a salida alternativas.
Fiscalía estima que el juicio oral, donde se presentarán las pruebas, podría transformarse en uno de los más extensos desde que se inició la Reforma Procesal Penal. El exfiscal nacional Sabas Chahuán calcula que según como se desarrolle la preparación del juicio y la cantidad de acusados, el juicio oral podría durar al menos seis meses.
