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Crédito: Agencia UNO
“Ningún otro imputado ha sufrido, en modo alguno, tan brutal diligencia como la que ha ejecutado en mi caso el fiscal Palma”, indicó el persecutor en el recurso.
El fiscal jefe de alta complejidad, Sergio Moya, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Rancagua en contra del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien fue el que ordenó el allanamiento a su casa el pasado 8 de mayo.
En el recurso, según informa La Tercera, Moya califica a la acción como una “ejecución arbitraria de orden de entrada y registro a domicilio particular y, además, apartada de la ley” y aseguró que durante la incautación los funcionarios de la PDI «no portaban documento alguno» que acreditara el procedimiento.
Además sostuvo que “el registro fue de una profundidad inusitada. Incluyó toda la habitación de mi esposa, su ropa, los muebles donde guarda sus objetos personales, hasta sus medicamentos (…) El registro también incluyó mi habitación, con revisión de toda mi ropa y efectos personales, y la habitación de mi hijo menor, quien debía asistir al colegio. No conformes con aquello, registraron la habitación que ocupa mi hija mayor ocasionalmente».
“Ningún otro imputado ha sufrido, en modo alguno, tan brutal diligencia como la que ha ejecutado en mi caso el fiscal Palma”, indicó el persecutor en el recurso.
El objetivo de este recurso de protección es que el tribunal competente declare «ilegal y arbitraria» de la diligencia.
Asimismo, Moya plantea en el escrito que “todo ese despliegue e invasión de la intimidad de mi familia y mía” no se justifica para buscar un “archivo electrónico”, al cual, según el mismo fiscal investigado, “se accede a través de vías electrónicas”. El archivo al que hace alusión es un correo electrónico mencionado por la abogada Marisa Navarrete entre Moya y el exmayor de Carabineros Patricio Marín, en el marco del Caso Huracán. Navarrete es pareja del suspendido fiscal Emiliano Arias, con quien Moya está públicamente enfrentado en este caso que tiene en crisis al Ministerio Público.
Moya dice en el escrito que Palma «no está habilitado legalmente para dirigir la investigación penal en mi contra” y acusó que se vulneraron “lugares y objetos no comprendidos por una orden dispuesta por un juez de Garantía, por abarcar bienes no relacionados con el objeto de la investigación, por ejecutarse de una forma arbitraria y abusiva y con vulneración a la dignidad de mi persona y familia”.
