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El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia remitió a un juez un informe sobre «posible falta» del presidente en un acto público al garantizar obras a cambio de votos de cara a las elecciones presidenciales de octubre.
Problemas para el presidente de Bolivia, Evo Morales. La pasada semana, los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe presentaron una denuncia ante el órgano electoral en contra de Morales, por haber prometido obras si le garantizan el cien por cien de la votación, en un acto en la localidad boliviana de Morochata.
Hoy, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia indicó, a través de un comunicado, que el informe técnico que realizó la Comisión de Análisis de esa entidad fue enviado a un juez electoral para su investigación.
«Hermano alcalde de Morochata, si me garantizan el cien por ciento, lo que ustedes pidan el próximo año», expresó Morales en ese acto la pasada semana. El informe identificó una «posible vulneración» a la ley de Régimen Electoral, que define el periodo de propaganda electoral es posible noventa días antes de los comicios, que se celebrarán el próximo 20 de octubre.
También el artículo 119 de la ley prohíbe realizar propaganda electoral en actos públicos «que implique el ofrecimiento de dinero o prebenda de cualquier naturaleza». El informe concluye que el candidato del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, «habría incurrido en las posibles faltas electorales» por inobservancia de los artículos 116 y 119 de esa norma. «La juez o jueza electoral es la autoridad competente para sustanciar cualquier proceso por faltas electorales y emitir la sanción en los casos que corresponda», señala el comunicado.
Cuarto mandato hasta 2025
El artículo 120 de la norma establece que la vulneración de la norma «dará lugar a la imposición de sanciones y multas a la organización política, el candidato infractor o medio de comunicación». Tras las críticas de la oposición, el presidente Morales manifestó que «fue malinterpretado», ya que solo era una broma y pidió disculpas por sus palabras.
Morales aspira a un cuarto mandato hasta 2025 frente a otras ocho candidaturas de opositores. Su postulación es considerada ilegal por la oposición y movimientos ciudadanos en Bolivia, por incumplir el límite constitucional de dos mandatos consecutivos y el resultado de un referéndum que en 2016 rechazó la reelección.
El Tribunal Constitucional de Bolivia reconoció en 2017 el derecho a la reelección indefinida y en 2018 el órgano electoral habilitó la candidatura de Morales basándose este fallo.
