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Crédito: Agencia Uno
Hace algunos días, el ministro de Salud dijo que Compin mantenía cerca de 27 mil licencias atrasadas. Ahora, un informe del ente regulador da cuenta que el problema tuvo una dimensión mucho mayor [ACTUALIZADA. Ver N. de la R. al final de la nota]
El pasado 19 de julio, el ministerio de Salud anunció que las licencias retrasadas en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de la Región Metropolitana, las que ascendían a 27.046, se encontraban en un 99,8% resueltas.
Sin embargo, una nueva información de la Contraloría da cuenta que el problema tuvo una dimensión mucho mayor. Según el ente regulador, el Compin, al 14 de diciembre del 2018, mantenía 315 mil 637 licencias médicas pendientes de analizar en la Unidad de Subsidios de la Seremi de Salud Metropolitana. En tanto, otros 519 millones de pesos no han podido ser cancelados, porque las personas carecían de cuenta corriente para realizar los abonos.
La información, según revela radio Biobío, consta en la auditoría Nº 1.040 que especifica que al 30 de junio de 2018 ya existían más de 270 mil sin tramitar, las que aumentaron a fines del mismo año en más de 70 mil. Algunas, señala el informe, “provienen desde 2007 (…) sin que la entidad haya arbitrado medidas tendientes a gestionarlas”.
De acuerdo al citado medio, Compin no ha pagado los subsidios de incapacidad laboral, por cuanto existen “registros incorrectos por diversas causas”. Se trata de casos que fueron clasificados como “sin cuenta corriente donde efectuar los abonos”.
A raíz de estas anomalías, el organismo fiscalizador ordenó un sumario administrativo, toda vez que iniciará una “investigación especial” para acreditar con mayor profundidad los hechos en la entidad dependiente del Ministerio de Salud.
El informe de Contraloría también revela que empleados de las Cajas de Compensación (CCAF) trabajan en las dependencias de Compin, lo que se aparta de la legislación de la administración del Estado. Algunas de las que se encuentran en dependencias de Compin son Los Héroes, 18 de Septiembre y La Araucana, a raíz de un convenio de colaboración entre estas últimas y el ministerio del ramo.
Debido a esta situación objetada por la Contraloría, la autoridad sanitaria remitió un oficio a la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO), para que el organismo se pronuncie si estas compañías de pensiones pueden acceder “a los datos sensibles contenidos en la licencia médica”, lo que, a priori, está prohibido por ley.
Contraloría también detectó que el programa para ingresar a la base de datos, donde se encuentran los documentos anteriores a 2015, fue creado en 1998, permitiendo “solo un acceso restringido para extraer la información”. Eso sin contar que no se pueden hacer cruces de datos, ni trazabilidad a las licencias o medir tiempos de tramitación.
N de la R: desde Contraloría se precisó que el informe al que se hace alusión en esta nota data de diciembre de 2018, por tanto no es una cifra actualizada.
