PAÍS
El ministro Alberto Espina le envió un oficio al Ministerio Público Militar, pidiéndoles que se hicieran parte de la indagación que investiga la «delicada» situación.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, se reunió este lunes con extitulares de la cartera para analizar el «delicado» tema de las filtraciones de escuchas telefónicas del Ejército, las que serán investigadas por la justicia militar.
De acuerdo a La Tercera, en 2017, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) llevó a cabo la «Operación Topógrafo», esta tenía por objetivo espiar -durante al menos seis meses- a dos funcionarios activos y dos en retiro. Los «espiados» era denunciantes de filtraciones de secretos militares relacionados con la Ley Reservada del Cobre.
Según Espina, el general Ricardo Martínez le aseguró que las escuchas fueron aprobadas y visadas por un juez de la Corte de Apelaciones, quien solicitó los antecedentes al respecto y declaró que la indagación ameritaba.
“Concordamos de inmediato (con Martínez acerca de la filtración) en que ese hecho debía ser investigado y que, por lo tanto, y así lo hizo el mismo viernes, remitió toda la información que disponía al Segundo Juzgado Militar para que haga una exhaustiva investigación en relación a lo que a nosotros nos parece un hecho delicado y es que se puedan filtrar antecedentes que dicen relación con labores de los servicios de inteligencia en nuestro país”, anunció Espina.
Espina también reveló que envió un oficio al Ministerio Público Militar, a través de cual les solicitó que se hicieran parte de tal indagación.
“La Ley de Inteligencia es muy clara en establecer que (…) la vulneración tiene pena de cárcel”, dijo Espina.
“Ustedes comprenderán que el primero que tiene que cumplir la Ley de Inteligencia es el ministro de Defensa y, por lo tanto, toda información sobre operaciones de inteligencia y contra inteligencia por expreso mandato de la Ley cuando se refiere a intercepción se hace con la autorización de un juez civil ministro de Corte de Apelaciones”, añadió.
Tras ello, recalcó el carácter secreto de tales acciones y reiteró que divulgar información de este tenor “constituye un delito penal grave con pena de cárcel, y eso incluye a todas las autoridades que o participan de esas operaciones o toman conocimiento en virtud de su cargo”.
“Existe por eso mismo en el Parlamento una Comisión de Inteligencia que es aquella a la que se entrega información cada vez que se requiera”, agregó el ministro.
“Tengo que cumplir con la Ley, ser un ejemplo. La investigación de los antecedentes que se habrían dado a conocer y que podrían provenir eventualmente desde la Dirección de Inteligencia del Ejército lo está indagando a petición del Ejército de inmediato el Segundo Juzgado Militar y quiero señalar que, además, para reforzar nuestra preocupación sobre esa materia, le he pedido al Ministerio Público Militar que se haga parte” de la investigación, finalizó.
