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Al cumplirse un año de la presidencia de Manuel López Obrador, México no ha logrado resolver la grave crisis de derechos humanos, según informe de Amnistía Internacional (AI).
«Cuando las palabras no bastan» es el título del informe de Amnistía Internacional que se presentó este miércoles en Ciudad de México. El documento reconoció que el nuevo Gobierno de México recibió un país con una profunda crisis en materia de derechos humanos. Pero señaló que al cabo de un año, AI sigue documentando «la grave situación de DD.HH. que atraviesa México y observa con preocupación la continuación de esta crisis».
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, consideró que el Gobierno de López Obrador «ha mostrado voluntad» por avanzar parcialmente en algunas iniciativas, sobre todo en el tema de desapariciones en el país. Pero, después de un año, «no se observan cambios sustanciales» en la sociedad mexicana, que enfrenta «una gravísima crisis en materia de derechos humanos que se ha prolongado por más de una década», dijo.
Guevara-Rosas señaló que los «altísimos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida, la tortura, aún generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad en México».
Según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México registró 2.866 homicidios dolosos en octubre, 38 más que el mes anterior, y acumula 28.741 casos en los primeros 10 meses de 2019.
AI destacó temas que el actual Gobierno «debe abordar de forma urgente», entre ellos los derechos de los pueblos indígenas y la protección de sus territorios, la situación de violencia que enfrentan las personas LGBTI, el acceso a derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de derechos sociales y económicos. El informe recordó también que la violencia por motivos de género contra mujeres y niñas sigue siendo generalizada en México.
Igualmente señaló que la administración de López Obrador «no se ha alejado sustancialmente de la estrategia de seguridad altamente militarizada de sus predecesores». La organización destacó como el actual mandatario se ha negado a reconocer la tortura como práctica generalizada y ha endurecido la gestión migratoria.
Además ha restringido indebidamente y puesto en riesgo el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y ha estigmatizado a periodistas y organizaciones de la sociedad civil que han criticado sus políticas. Este escenario ha provocado «un ambiente hostil» contra periodistas y defensores de derechos humanos y sus organizaciones.
Entre las recomendaciones que hizo la organización al Gobierno de México están las de desmilitarizar la Guardia Nacional y desarrollar una política integral de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas con enfoque colectivo y comunitario.
También pidió poner fin a las prácticas ilegales de devolución de migrantes en situación irregular, asegurando el acceso al asilo para personas cuya vida está en riesgo, y llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de mujeres por motivos de género.
