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Crédito: Agencia Uno
El director regional del INDH en Valparaíso, Fernando Martínez,expuso en la comisión de Derechos Humanos del Senado los efectos del uso indiscriminado de gases lacrimógenos.
Este miércoles, la comisión de Derechos Humanos del Senado recibió al Colegio de Químicos de Chile y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para analizar los efectos del uso indiscriminado y excesivo de gases lanzados por Carabineros, organismos que expusieron los antecedentes que manejan en torno a los químicos utilizados tanto de manera gaseosa, como líquida.
Al respecto, el director regional del INDH en Valparaíso, Fernando Martínez, consideró que más que una intencionalidad de causar daño, las lesiones por quemaduras podrían estar sucediendo debido al “entrenamiento artesanal” del personal y a la “falta de fiscalización” en los procesos de recarga de líquido en los carros lanza agua, tanto en torno a los químicos utilizados, como a la concentración de los mismos, pese a los oficios que el INDH ha enviado a Carabineros y al Ministerio del Interior para poder realizar las fiscalizaciones correspondientes.
“Pero la realidad hoy es que esa agua tiene agentes químicos, más allá de cuál agente químico sea, más allá del protocolo que se usa, si está dentro de la norma o no, cuando hablamos de agentes químicos hablamos de agentes que sí o sí son nocivos para la salud”, sostuvo.
“Más allá de cuál componente es, la evidencia hoy que se ha presentado en las personas que han sido afectadas, lo que presentó el Colegio Médico, nos pone en evidencia que el químico que se esté incorporando está generando daño, eso es lo concreto”, enfatizó.
El químico Richard Vargas, por su parte, se refirió a la eventual composición química del agua utilizada por Carabineros y la posible presencia de soda cáustica, explicando que el uso de cloro en concentraciones altas también podría producir efectos en la piel parecidos a esa sustancia, ya que el cloro tiene un alto nivel de toxicidad e incluso está normada en el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
En dicho sentido, coincidió con la responsabilidad política y sanitaria del ISP respecto a analizar las sustancias químicas usadas por la policía uniformada, apuntando que se trata de un tema que afecta directamente a la salud pública.
