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Crédito: Agencia Uno
El Consejo de Defensa del Estado, organismo que vela por los intereses del Fisco, ha revisado más de 800 causas penales, de las cuales las mencionadas 583 corresponden a casos de violaciones a los DD.HH. Sobre las 583 causas, 372 denuncias corresponden a apremios ilegítimos. En las de «extrema gravedad», el CDE ha presentado cuatro querellas, una de ellas corresponde al caso de Álex Núñez.
A raíz del estallido social en el país, el que comenzó el pasado 18 de octubre del 2019, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) recibió y estudió un total de 1.059 causas judiciales, de las cuales 583 se refieren a eventuales vulneraciones a los Derechos Humanos y otras 209 por otras causas.
Según reporta el diario La Tercera, el CDE, organismo que vela por los intereses del Fisco, ha revisado más de 800 causas penales, de las cuales las mencionadas 583 corresponden a casos de violaciones a los DD.HH.
En el área penal han seleccionado 850 asuntos derivados de las protestas. De ese total, 267 son casos relacionados con daños a bienes, patrimonio y/o infraestructura pública. De éstas 77 cuentan con autores identificados por estos hechos.
Sobre las 583 causas, 372 denuncias corresponden a apremios ilegítimos.
Desglosando esa cifra, 133 son por abusos contra particulares, 35 por lesiones, 19 por torturas; siete por homicidio, cuatro por violencia innecesaria, tres por homicidios frustrados, dos por daños a particulares, y otras dos por allanamiento ilegal y obstrucción a la Justicia.
Hay 5 casos que no han podido ser clasificados por falta de información.
El CDE también estudió otras 209 casos en los ámbitos civil y contencioso administrativo.
Entre las causas detalladas, se han presentado 110 acciones constitucionales para impugnar las declaraciones de estado de emergencia y toques de queda durante el estallido social. De ellas, 19 fueron declaradas inadmisibles y 67 terminaron por sentencia en las que se rechazó la pretensión de los recursos.
También se han presentado 76 acciones constitucionales que cuestionan la legalidad del uso de armamentos no letales u otros elementos disuasivos por parte de Carabineros y otros agentes del Estado. De estas 76, han concluido 22. Y de estas, 21 se consideran favorables al interés fiscal: dos terminaron por incompetencia del tribunal, ocho declaradas inadmisibles y 11 rechazadas.
Adicionalmente, se han interpuesto 23 recursos de protección presentados por comercios o negocios, los que pidieron resguardo. En nueve de ellos, el CDE obtuvo resultados favorables y hay 14 que todavía están en tramitación.
Tras una primera revisión de los casos, el CDE seleccionó 171 a los que colocó la categoría de «extrema gravedad», entre los cuales se encuentran homicidios, torturas y apremios, para los que se impartieron instrucciones a las procuradurías fiscales a fin de que pidieran las carpetas investigativas al Ministerio Público, con el objetivo de contar con los antecedentes en caso de que decidan querellarse.
La presidenta del organismo, María Eugenia Manaud, dijo al citado medio que «corresponde que el CDE estudie acabadamente cada caso con el propósito de defender el interés público. Ello solo puede ser concretado por el servicio una vez que dispone de antecedentes suficientes que le permiten llegar a ese convencimiento, y para ello estamos trabajando».
Hasta ahora, el Consejo de Defensa del Estado ha presentado tres querellas por eventual violación a los derechos humanos y ya se decidió ingresar a los tribunales una cuarta por hechos de este tipo. Esta última se trata del caso de Álex Núñez, fallecido tras recibir una golpiza de parte de Carabineros.
También, entre los casos, se decidió presentar una acción legal por la quema a la iglesia San Francisco de Borja, «por entender que los hechos investigados revestirían el carácter del delito de que se trata, y que ha afectado a un monumento nacional».
