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El 14° Juzgado de Garantía de Santiago determinó que no existe responsabilidad del Ministro del Interior o del General Director de la policía uniformada en la muerte de Jorge Mora después del partido entre Colo Colo y Palestino. Sin embargo, el tribunal acogió la acción penal contra el funcionario Carlos Martínez, imputado por cuasidelito de homicidio.
La jueza Verónica Toledo del 14° Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella presentada por la familia del barrista de Colo Colo, Jorge Mora, contra el Ministro del Interior Gonzalo Blumel y el General Director de Carabineros Mario Rozas por la responsabilidad que pudieran tener en la muerte del hombre que fue atropellado por un vehículo policial a la salida del Estadio Monumental.
La resolución de la magistrada citada en parte por Emol, determinó que no es posible establecer que Blumel y Rozas hayan forzado a Carlos Martínez, conductor del camión policial a atropellar a Jorge Mora, quien murió en el contexto de la protesta que se generó luego del encuentro deportivo entre Colo Colo y Palestino. En este sentido, la resolución judicial también determinó que no es posible establecer que hubo concertación previa para terminar con la vida de Jorge Mora, conocido en la Garra Blanca como «Neco»
«La querella por otro lado no específica qué delito específico se indujo a realizar por estas dos autoridades, no bastando para configurar la inducción las incitaciones o insinuaciones de tipo genérico a sujetos indeterminados», establece el fallo y agrega que «pretender que los términos de la vaga e imprecisa imputación dirigida en la querella contra los señores Blumel y Rozas pudiera dar lugar a la admisibilidad de la querella, importaría abrir la puerta a la responsabilidad penal objetiva, claramente vedada en un Estado Democrático de Derecho».
Paralelamente el tribunal si declaró admisible la querella contra el conductor del camión Carlos Martínez, por cuasidelito de homicidio. quien está bajo las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, luego de una controvertida determinación de la Corte de Apelaciones de Santiago, que estableció que el hecho constituye una «conducta negligente justificada»
