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Desde el conocido centro de eventos emitieron una declaración pública para aclarar ciertos rumores que circularon en redes sociales tras conocerse el arriendo de dicho recinto para instalar camas, por parte del Gobierno, ante la emergencia sanitaria que ha significado el COVID-19. De acuerdo al escrito, esta es una «empresa de carácter familiar»que pertenece a los integrantes de la familia Torres Riesco, sin embargo, a pesar de la información detallada sobre los nombres de los dueños, desde Espacio Riesco dejaron varios asuntos en el aire y que generaron aún más dudas, como el precio del arriendo de la instalación o quienes son los encargados de poner las 800 camas en las que se atenderá a mayores de 18 años afiliados a Fonasa y que tengan Covid-19. Todo esto, a fin de aligerar la carga sobre la red de hospitales estatales y privados. [ACTUALIZADA]
El anuncio de un hospital de campaña con más de 800 camas para contener la crisis provocada por el coronavirus Covid-19 debería ser una buena noticia, sin embargo, no fue bien recibida por la opinión pública.
La noticia generó el repudio de las redes sociales desde donde criticaron que, a diferencia de China que construyó un hospital en 10 días, en Chile se optó por el arriendo de un lugar privado: Espacio Riesco.
Tras conocerse la noticia inmediatamente comenzaron las especulaciones asociadas a posibles conflictos de interés y las vinculaciones de la familia Riesco con el Gobierno, incluso iniciando varios rumores. Es por eso que mediante una carta firmada por el gerente general de Espacio Riesco, Sergio Gutierrez Torres, la empresa salió a clarificar quienes son sus dueños.
Gutierrez afirmó que la empresa es «de carácter familiar» y pertenece a los integrantes de la familia Torres Riesco. «Los tres hermanos Edmundo, Bernardita y Luz Gloria, además de su madre, María Gloria Riesco Larraín (quien no participa activamente de la sociedad)», explicó.
Además, comentó que Espacio Riesco, nombre de fantasía del recinto operado bajo la razón social Centro de Convenciones Santiago S.A., funciona con un directorio encabezado por Edmundo Torres Riesco y formado, además, por José Luis Herrera Amenabar y Juan Eduardo Figueroa Valdés.
En este sentido, negaron que el economista José Manuel Riesco Larraín, primo hermano de María Gloria, sea dueño o accionista de Espacio Riesco.
«Esta información, al igual que muchas otras que han circulado en redes sociales y medios de comunicación en los últimos días, es completamente inventada y falaz. José Manuel Riesco Larraín no tiene ni ha tenido vínculo alguno con el centro de eventos”, aseguraron.
Asimismo, ejerce como presidente otro integrante de la familia, Eduardo Torres Riesco.
A pesar de la información dada a conocer a través del comunicado, Espacio Riesco no aclara asuntos relevantes y que generaron aún más dudas en las redes, como el precio del arriendo o quienes son los encargados de poner las 800 camas en las que se atenderá a mayores de 18 años afiliados a Fonasa y que tengan Covid-19.
Cabe mencionar que, en atención al revuelo que provocó la noticia, específicamente respecto de las dudas sobre el monto del arriendo de un espacio privado, sin información acerca de los costos asociados, el analista de datos del Observatorio del Gasto Fiscal, José Mora, comenzó a buscar la trazabilidad de los actos administrativos en la plataforma de Mercado Público, llegando a una conclusión que siembra aún más dudas: no existe registro de arriendos de parte del Estado que puedan explicar la instalación de las 800 camas en el lugar.
Tras un búsqueda en Mercado Público, el Observatorio detectó que el principal problema de esta operación está asociado a una falta de transparencia.
«Revisamos las órdenes de compra (OC) generadas a través de Mercado Público al proveedor ‘Centro de Convenciones S.A.’, constatando que la última orden de compra generada a Espacio Riesco fue emitida por FIDAE, el 24 de febrero».
Es más, revisados los portales de Transparencia de ambas subsecretarías (Salud Pública y Redes Asistenciales), el Observatorio de Gasto Fiscal encontró que en ninguno de los casos existía una resolución que autorizara el acto administrativo.
En conclusión, «no hay publicado ningún documento oficial que permita saber aspectos básicos respecto de este acto administrativo, como por ejemplo modalidad de la compra. ¿Fue realizado por trato directo? Y si fue así, ¿fue justificado por la causal de emergencia?, ¿cuál es el monto pactado en el contrato? ¿resultaba ser la alternativa más económica?
