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En el texto se señala que el proyecto de ley es inconstitucional, pues se vulneran los artículos referentes a la igualdad ante la ley y la protección de la vida, argumentando que toda la población mayor de 70 años es parte del grupo de riesgo al Covid-19, independiente del penal en que esté cumpliendo la pena.
Algunos representantes del oficialismo en el Congreso no están de acuerdo con el proyecto de ley del gobierno que busca frenar los riesgos de contagios de coronavirus en la población penal, la que permitirá que los adultos mayores, las madres de hijos menores de dos años y las mujeres embarazadas cumplan su pena en libertad. La razón es porque excluye a los que fueron sentenciados por delitos de lesa humanidad y violaciones.
De hecho, los diputados ya rechazaron la medida, lo que complicó al proyecto. De hecho con el proyecto despachado y en estado de promulgación, actualmente La Moneda evalúa la opción de presentar un veto. Pero los senadores darán un paso más.
Se trata de Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Juan Castro (RN), José García (RN), Alejandro García Huidobro (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Ena Von Baer (UDI), Víctor Pérez (UDI), Francisco Chahuán (RN), Rodrigo Galilea (RN), Kenneth Pugh (Independiente) y Carmen Gloria Aravena (Independiente), lo que decidieron ir al Tribunal Constitucional (TC) para que se declare la inconstitucionalidad de la exclusión del resto de la población penal, es decir, presos por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco.
Según reporta el diario La Tercera, el documento de 29 páginas fue ingresado ayer en a las 22.09, con el patrocinio del abogado Maximiliano Murath. En el texto se señala que el proyecto de ley es inconstitucional, pues se vulneran los artículos referentes a la igualdad ante la ley y la protección de la vida, argumentando que toda la población mayor de 70 años es parte del grupo de riesgo al Covid-19, independiente del penal en que esté cumpliendo la pena.
En concreto dicen que «hacer un trato distinto entre quienes se encuentran en el mismo grupo etario o de edad (75 años en adelante), y hacer un trato distinto entre quienes están en la misma situación de riesgo y peligrosidad frente al COVID-19 (mayores de 75 años cumpliendo condenas), es una desigualdad ante la ley que no se puede y que no se debe tolerar”.
Además, el recurso señala “en un reciento carcelario se concentra una población penal de adultos mayores de 70 años todos privados de libertad, con patologías médicas como Diabetes, Hipertensión Arterial y Cardiopatía Coronaria y alguno de ellos se contagia producto de una visita o de Gendarmes que no sabe que están contagiando (pues en promedio el contagio empieza dos días antes del inicio de los síntomas), en dos semanas tendremos un gran número de adultos mayores requiriendo hospitalización y eventualmente uso de ventiladores mecánicos. Entonces, ¿tendrán ellos alguna posibilidad de ser beneficiado con el tratamiento de UCI o UTI si hay otras personas más jóvenes y sin otras patologías que también lo requieren?, ¿tendrán ellos en tiempos como los que vivimos la posibilidad de un oportuno y adecuado acceso y derivación a la atención médica que requieren, cuando ello no es posible en situaciones de normalidad?”.
El abogado explica que este documento tiene como objetivo “proteger a vida y la integridad física de todos los adultos mayores que están cumpliendo condena sin importar la cárcel que se encuentren y el delito que hayan cometido, porque ellos son hoy los grupos más complejo para enfrentar esta pandemia».
