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“Hasta aquí solamente las instituciones del sector público deben informar si han cumplido o no la normativa, sin recibir sanciones por incumplir y sin recibir sanciones por no informar el acatamiento de la ley. No reciben penas ni tampoco nadie los fiscalice si lo hacen o no lo hacen”, expuso el presidente de la fundación, Matías Poblete.
La Fundación Chilena para la Discapacidad dio a conocer un informe en donde analiza los dos años de vigencia de la Ley 21.015, la Ley de Inclusión Laboral, además de proponer una serie de ajustes para una mejor implementación.
Si bien el estudio valora el esfuerzo hasta ahora desplegado para una mayor inserción laboral producto de la ejecución de políticas públicas y de una conciencia más amigable y cercana de la población, deja asimismo planteada la preocupación por la continuidad de las personas en situación de discapacidad en el mundo del trabajo.
“Aún el número de contratación es bajo, 25.000 empleos en el sector privado y a lo menos 2.500 en el sector público, sin contar, por ejemplo, a instituciones como Fuerzas Armadas, sobre todo por la situación actual del país y esperamos que las personas en situación de discapacidad no sean las más afectadas en cuanto al desempleo dada la contingencia que estamos atravesando”, comentó Matías Poblete, presidente de la FChD.
Toda normativa requiere ser fiscalizada para medir su real impacto, es por ello que una de las recomendaciones del informe es que la Contraloría General de la República sea el ente más adecuado para ejercer dicho rol sobre las empresas públicas cuando no informan y no cumplen la ley, ya que por este tipo de prácticas tampoco se les sanciona, reparó Poblete.
“Hasta aquí solamente las instituciones del sector público deben informar si han cumplido o no la normativa, sin recibir sanciones por incumplir y sin recibir sanciones por no informar el acatamiento de la ley. No reciben penas ni tampoco nadie los fiscalice si lo hacen o no lo hacen”, expuso el presidente de la fundación.
A juicio de Poblete, “se debería modificar el sistema de comunicación mediante oficios que realizan los servicios públicos implementando un sistema de informe único de llenado en línea, que permita tener información certera y eficaz respecto al cumplimiento de la normativa y las excusas presentadas, tal como lo ha hecho en ese sentido la Dirección del Trabajo con las comunicaciones que deben presentar al respecto los empleadores”.
