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Tanto el texto ingresado por el oficialismo liderado por el senador Andrés Allamand como el de la oposición de la mano de Felipe Harboe consolidan la idea de acotar la rebaja solo a parlamentarios y cargos del Ejecutivo de confianza política, excluyendo al Poder Judicial y las otras instituciones públicas.
Parlamentarios del Frente Amplio hicieron un llamado a que se acelere el avance en la Cámara Alta del proyecto que rebaja los sueldos de altas autoridades del Estado. El mismo que en un principio afectaba solo a la dieta parlamentaria pero que tras ser despachada en diciembre por la Cámara de Diputados, incluyó a altos cargos del Poder Ejecutivo y Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, las FF.AA. y de Orden. Además de empresas y universidades estatales.
Según consigna El Mercurio, el proyecto fue aprobado en general por el Senado, pero con reparos a su redacción.
El lunes vence el plazo de indicaciones y los senadores Andrés Allamand (RN) y Felipe Harboe (PPD) lideraron las propuestas del oficialismo y la oposición, registrándose varias coincidencias entre ambas, aun cuando cada sector ingresará por separado sus indicaciones.
Por ejemplo, de acuerdo al matutino, tanto el texto de Allamand como el de Harboe consolidan la idea de acotar la rebaja solo a parlamentarios y cargos del Ejecutivo de confianza política, excluyendo al Poder Judicial y las otras instituciones públicas.
Pero ¿cuánto bajarían sus sueldos? Aquí es donde los senadores discrepan. Harboe propone una rebaja de 30%, mientras que Allamand sugiere que en vez de fijarse un guarismo transitorio mientras se tramita la ley orgánica, en 30 días de publicada la norma sea el Consejo de ADP (Alta Dirección Pública) el que fije la dieta de los parlamentarios y ministros, y en 120 días la de otras autoridades del Ejecutivo, y alcaldes y gobernadores.
Si bien ambos concuerdan en que exista un órgano externo que fije las rentas, los opositores sugieren que la entidad encargada sea una comisión de cinco miembros designados por el Presidente, a ser ratificados por dos tercios de los senadores. Mientras que el Gobierno ha planteado que ese rol lo cumpla también la ADP.
“Espero que en tres semanas podamos despachar esto de la comisión, haremos lo posible porque sea lo más rápido, para que pronto sea votado en la sala”, asegura Harboe, junto con solicitar que se ponga en tabla el límite a la reelección de autoridades.
Respecto al poder Judicial, Allamand explicó al medio que «ellos corresponden a una lógica distinta» ya que hay una carrera funcionaria que no es tal en parlamentarios y ministros.
«Se excluye a los de carrera funcionaria o designados por Alta Dirección Pública (ADP). Incluir al Poder Judicial, Contraloría o Ministerio Público no era adecuado. No se les debía mezclar con la baja de sueldos de cargos políticos», añadió Harboe.
