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Según el Consejo para la Transparencia, las hojas de vida son documentos de carácter público, por lo que su entrega no viola las garantías constitucionales, ni menos el derecho a la hora ni la seguridad de la nación.
La Armada rechazó entregar la hoja de vida del fallecido Almirante José Toribio Merino Castro, integrante de la Junta Cívico Militar de la dictadura, a pesar de que el documento era requerido por el Consejo para la Transparencia (CPLT).
Según consigna Radio Biobío, los argumentos de la institución fueron «la protección a la honra de su familia» y por tratarse de un «un riesgo para el interés y la seguridad nacional».
De acuerdo a la información de la radio, la petición del CPLT fue formulada luego de que el abogado penquista Samuel Pérez Cofré a principios de 2019, quien realizaba una tesis para obtener el grado de magíster en la Universidad de Concepción, solicitara documentos a la institución. El tema a tratar es una versión histórica respecto de cómo se utilizó la Constitución de 1980 durante la Junta Militar que gobernó el país durante 17 años.
En ese contexto, Pérez Cofré solicitó a la Armada la hoja de vida del fallecido oficial, además de sus calificaciones durante su carrera naval y otros documentos. Ante el pedido, la Armada se negó rotundamente. Razón por la que el abogado recurrió al CPLT.
Según el Consejo para la Transparencia, las hojas de vida son documentos de carácter público, por lo que su entrega no viola las garantías constitucionales, ni menos el derecho a la hora ni la seguridad de la nación.
El Consejo dictó como «medida para mejor resolver», tener a la vista una copia íntegra de los documentos solicitados, sin embargo, la Armada se negó y solo envió un currículum preparado con antecedentes generales argumentando que la revisión del material resultaba «innecesaria».
En respuesta, el CPLT apuntó a que este comportamiento es una falta a la debida colaboración con que deben actuar los órganos del Estado.
Ahora, para revocar la decisión del organismo, la Armada presentó un reclamo de ilegalidad a la Corte de Apelaciones de Santiago, patrocinado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
