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Crédito: @Senado_Chile
Uno de los acuerdos fue descartar la rebaja transitoria de un 50% a la espera que un organismo fije el monto final, el que será el Consejo de la Alta Dirección Pública.
Este jueves, la Comisión de Constitución del Senado comenzó la discusión en particular del proyecto que busca rebajar la dieta parlamentaria y los sueldos de altos cargos estatales.
La iniciativa, que en primera instancia tenía varias que fueron refundidas en una sola (boletín 9304-07), fue aprobada, en general, por unanimidad en la Cámara Alta a fines de marzo.
En el debate de este jueves en la comisión no se votaron indicaciones ni aspectos del proyecto, pero, por otro lado, lograron consensos en varios asuntos.
Uno de ellos, la propuesta que salió de la Cámara Baja que establece una reducción transitoria del 50% hasta que un organismo distinto, como el Banco Central, lo fije, el que sepultaron. José Miguel Insulza y Alfonso de Urresti, del PS, y el PPD Felipe Harboe, fueron los impulsores, con apoyo oficialista.
«Dejemos de lado y afuera la guerra de los guarismos, si vamos a bajar esto o esto otro durante la transición, no tengamos una transición demasiado larga y hagámoslo ya, y para hacerlo ya y que sea un régimen estable y sencillo, lo mejor es que sea el Consejo de la Alta Dirección Pública la que fije transitoriamente, mientras se forma la comisión, hace todos sus estudios y ya fija las remuneraciones definitivas para los próximos períodos», explicó Insulza.
«Ojalá despachemos esto pronto», expresó el senador socialista.
En tanto, el senador Víctor Pérez (UDI) indicó que «me parece bien entregarle a la Alta Dirección Pública la primera definición para no tener que esperar que se constituya la comisión definitiva, con todo lo que es el debate que eso significa».
Otro de los acuerdos alcanzados fue que el proyecto afectará solo a parlamentarios -senadores y diputados- y; en el Ejecutivo, a ministros, subsecretarios, jefes superiores de servicios, gobernadores regionales y delegados presidenciales regionales, y no a los cerca de 12 mil funcionarios públicos incorporados durante la tramitación en la Cámara Baja.
