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Crédito: Agencia Uno
El Gobierno se vio obligado a ingresar un nuevo decreto, luego de retirar el oficio inicial que buscaba que los inspectores municipales pudieran colaborar con las policías y las Fuerzas Armadas en materias de seguridad. La toma de razón firmada por el contralor Jorge Bermúdez solo establece que los jefes de defensa nacional pueden «impartir directamente instrucciones” a municipalidades “con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública y en particular para una adecuada implementación de las medidas sanitarias adoptadas”. Nada dice de labores de vigilancia o control, como era la pretensión inicial del Ejecutivo [ACTUALIZADA]
Este miércoles, la Contraloría General de la República tomó razón, con alcances, del nuevo decreto que tuvo que enviar el martes el Gobierno, y donde finalmente el Ejecutivo echa pie atrás a su intención de otorgar más atribuciones a los cuerpos de seguridad municipales para apoyar en la fiscalización del cumplimiento de las cuarentenas y toques de queda en el marco del estado de emergencia que rige en el país por la crisis del Covid-19.
El nuevo decreto N°203 elaborado por el Gobierno establece que los Jefes de Defensa podrán darle instrucciones a los alcaldes, sin necesidad de pasar por la orden del Presidente de la República. Sin embargo, desde Contraloría enfatizan que esto es “con excepción de labores de vigilancia y control”.
Asimismo, en la toma de razón, el ente contralor estableció dos límites: «que la no intervención del Mandatario en la entrega de instrucciones no obsta al control y responsabilidad de las autoridades civiles», es decir, que el poder militar sigue subordinado al poder civil.
Además, el documento firmado por el contralor Jorge Bermúdez es explícito en que «en ningún caso, los jefes de la defensa pueden alterar las atribuciones de los órganos del Estado, ya que una modificación de esa naturaleza debe ser efectuada mediante una ley tramitada en el Congreso Nacional».
Es decir, las instrucciones deben estar dentro del marco de la Constitución, y si el Gobierno pretende modificar las funciones de seguridad municipales, debe hacerlo vía una reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades, vale decir en el Congreso.
En definitiva, el decreto solamente establece que los jefes de defensa nacional en sus respectivas jurisdicciones pueden «impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentran en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública y en particular para una adecuada implementación de las medidas sanitarias adoptadas”.
La nueva resolución fue valorada por el senador PPD Felipe Harboe, quien objetó el decreto inicialmente ingresado por el Ejecutivo. En su cuenta de Twitter, el parlamentario por el Ñuble destacó que “finalmente Gobierno no reingresó decreto que daba facultades de seguridad a guardias municipales. Modificó decreto de catástrofe para coordinar con municipios, pero guardias dentro de facultades de Ley de Municipalidades (…) Bien Contraloría”.
