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Crédito: Agencia UNO
El medio Interferencia reveló que la Subsecretaria de Redes Asistenciales contrató el servicio por $205 millones de Hotel Clínico Spa, perteneciente a Orlando Durán (UDI), jefe de la División de Atención Primaria y encargado de coordinar las residencias sanitarias. Luego, en otra publicación, señaló que Andrea Hidalgo Pérez, jefa de finanzas de la subsecretaría, trató de agilizar los pagos de la residencia, luego que el subsecretario Zúñiga abriera un sumario por el contrato. El tema ha escalado a tal punto, que funcionarios del Minsal señalaron al citado medio que la polémica podría zanjarse con la salida de Arturo Zúñiga de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Además, a las 16:00 horas de este viernes, el ministro Enrique Paris citó a reunión a Zúñiga, junto al jefe de gabinete y al equipo de adquisiciones y contratos.
En medio de las tensiones al interior del Ministerio de Salud por el cuestionado manejo de la pandemia de covid-19, hay un nuevo flanco que escaló hasta la justicia. Se trata del conflicto por los arriendos de dos residencias sanitarias, una en Santiago y otra en la Quinta Región.
El medio Interferencia reveló que la Subsecretaría de Redes Asistenciales contrató el servicio por $205 millones de Hotel Clínico Spa, perteneciente a Orlando Durán (UDI), jefe de la División de Atención Primaria y encargado de coordinar las residencias sanitarias. Luego, en otra publicación, señaló que Andrea Hidalgo Pérez, jefa de finanzas de la subsecretaría, trató de agilizar los pagos de la residencia, luego que el subsecretario Zúñiga abriera un sumario por el contrato, hecho del cual da cuenta El Mostrador en un reportaje.
La situación no ha pasado desapercibida. De hecho, el ministro de Salud Enrique Paris tuvo que remitir los antecedentes anta la Fiscalía Centro Norte por eventuales delitos de fraude al fisco, detalla un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Pero además, esta situación trajo como consecuencia la desvinculación de funcionarios de la División de Atención Primaria (DIVAP). Concretamente, D’angelo Iasalvatore Silva y Orlando Durán Ponce fueron despedidos. Este último, de acuerdo a Bío Bío, estaría en el ojo del huracán tras una publicación de Interferencia, que reveló que su nombre está ligado a una empresa contratada por el Ministerio de Salud como residencia sanitaria.
Junto a Iasalvatore y Durán Ponce, un tercer funcionario decidió renunciar. Todos pertenecen a la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
El tema ha escalado a tal punto, que funcionarios del Minsal señalaron al citado medio que la polémica podría zanjarse con la salida de Arturo Zúñiga de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Además, a las 16:00 horas de este viernes, el ministro Enrique Paris citó a reunión a Zúñiga, junto al jefe de gabinete y al equipo de adquisiciones y contratos.
Sin embargo, fuentes del Minsal indicaron a El Mostrador que si bien todos los ojos están sobre Zúñiga, un nombre que se escapa de la ecuación es el de Patricio Herrera, jefe de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Salud Pública, quien es el que debe visar los contratos salidos desde el Minsal. Desde el ministerio aseguraron que desde la subsecretaría que lidera Daza debieron haber “prendido las alarmas” con anterioridad y haber advertido del problema a Zúñiga.
Herrera, de 58 años, es un hombre cercano a la Democracia Cristiana (DC) y es conocido como la sombra de Paula Daza. El 22 de abril, la subscretaria Daza junto al subsecretario Zúñiga, firmaron la resolución exenta N° 311 que la creación del Comité Integrado de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios.
El objetivo de este comité era «efectuar evaluación favorable para que la División de Finanzas y Administración Interna de la Subsecretaría de Salud Pública pueda ejecutar de manera informada y fundada, todos los procesos de compra en la alerta sanitaria». El comité quedó presidido por Herrera.
El comité también tenía la intención de «efectuar la evaluación de los requerimientos de compras de las distintas dependencias ministeriales, para asegurar la integridad total del proceso que permitan generar procedimientos de compras transparentes en un contexto de máxima probidad, como, asimismo, procesos de pagos seguros y sustentables».
En la primera reunión del comité, Herrera quedó establecido como el representante de la subsecretaría de Salud Pública, mientras que un equipo estaría a cargo de velar por los procesos administrativos relacionados con los hoteles sanitarios. Pese a ello, sería Salud Pública la cartera encargada de tomar los compromisos económicos con los dueños de los hoteles. Esta situación fue cuestionada por el equipo de Redes Asistenciales, más precisamente, por la forma en que se estaban desarrollando los contratos.
En ese sentido, en el acta del 23 de abril se puso en tela de juicio la negociación de precios de las residencias sanitarias. El documento sostiene que «procedimiento -de compra- carece de un capítulo dedicado a cómo se negocian los precios de los servicios».
Los antecedentes consignados por Bío Bío también dan cuenta de que Orlando Durán, si bien remarcó ante el comité la inexistencia de un protocolo, no es baladí que esto lo hizo solo 24 horas después de visarse la resolución exenta 276. En la misma se aprobó el contrato -vía directa- del Hotel Clínico SpA, por un monto de 205 millones de pesos, residencia que corresponde a un cercano de Durán.
Sin embargo, cercanos a esta situación señalaron que Durán demostrará que no tuvo la posibilidad de ingresar esta residencia al sistema de contrataciones.
