PAÍS
Crédito: Colegio John Dewey
En plena pandemia y con sus hijos en clases online, los apoderados se enteraron por mail que el establecimiento educacional de Las Condes no seguirá funcionado el próximo año. Pero los padres no están dispuestos a bajar la guardia y un grupo de ellos ingresó una solicitud de abstención a la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, a la que acusan de falta de imparcialidad y objetividad en este proceso, y de conductas que pueden constituir el delito de prevaricación administrativa. El conflicto se ve cruzado por otra arista porque en el terreno ubicado en Cristóbal Colón 3250, cerca de Tobalaba, hay planes para la construcción de dos torres en la apetecida ubicación.
“No somos un pedazo de tierra” reclaman los alumnos y apoderados del colegio John Dewey de Las Condes, el establecimiento fundado en 1984 y que está a punto de bajar el telón en una trama donde se acusan conflictos de interés y faltas a la probidad.
En plena pandemia y con sus hijos en clases online, los apoderados se enteraron por mail que el establecimiento educacional no seguirá funcionado el próximo año. Pero los padres no están dispuestos a bajar la guardia.
Un grupo de apoderados ingresó una solicitud de abstención a la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, a la que acusan de falta de imparcialidad y objetividad en este proceso, y de conductas que pueden constituir el delito de prevaricación administrativa, de acuerdo al escrito que también fue derivado a la Contraloría General de la República.
En el documento, los apoderados exigen a la seremi que “se abstenga de conocer y resolver el procedimiento administrativo SGD 6557, sobre renuncia voluntaria del reconocimiento oficial del establecimiento educacional John Dewey, por haber emitido opinión sobre la materia y haber intervenido directamente en favor de la sociedad sostenedora Pé, Pé y Riquelme Limitada, solicitante de renuncia voluntaria de reconocimiento oficial, en contravención al principio de imparcialidad y objetividad, y se adopten todas las medidas necesarias para dejar sin efecto las medidas adoptadas por la autoridad, resolviendo tener por no presentada la solicitud de renuncia oficial SGD 6557 del establecimiento educacional John Dewey College”.
En concreto, los padres reclaman que el colegio entregó la solicitud de cierre a la autoridad sin haber notificado antes a los padres, al contrario de lo que establece el reglamento. Asimismo, acusan que la seremi Bárbara Soto Silva se pronunció en declaraciones a la televisión -específicamente a CNN Chile- sobre el estado del procedimiento administrativo siendo que se trataba de un proceso en curso.
A esto suman otra irregularidad, porque tal como admitió la directora Osane Pé Azumendi en reunión vía Zoom con los apoderados el pasado 26 de junio, la seremi intervino directamente en el procedimiento de cierre del establecimiento, siendo que la documentación estaba incompleta y debía por ende haber rechazado la solicitud.
En dicho encuentro, como consta en el video del encuentro telemático registrado por los apoderados, la directora confesó que “la Seremi Metropolitana se comunicó con nosotros para preguntar si nosotros estábamos cumpliendo con la normativa y se le reenvió, además, copia de la carpeta de presentación y si, efectivamente, está todo bajo la normativa (…) con la SEREMI nosotros conversamos y efectivamente faltaba entregar todo el listado de cartas certificadas que se les envió pero ya está todo dentro de la normativa”.
Según los apoderados, hay una evidente irregularidad por parte de la Seremi, porque en lugar de “rechazar la solicitud de renuncia voluntaria del reconocimiento oficial que interpuso la sociedad sostenedora del Establecimiento Educacional, por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 27 del mencionado decreto; le presta asesoría, y además declara a la opinión pública el cumplimiento de los requisitos, no existiendo acto administrativo terminal y vulnerando la debida imparcialidad que el ordenamiento jurídico exige a un funcionario público para resolver tan delicado tema”.
El conflicto se ve cruzado por otra arista porque en el terreno ubicado en Cristóbal Colón 3250, cerca de Tobalaba, hay planes para la construcción de dos torres en la apetecida ubicación que tiene una superficie aproximada de 2.800 metros cuadrados y cuenta con uso de suelo residencial mixto, por lo que se permiten inmuebles educacionales, servicios y comercio.
De acuerdo a La Segunda, el pasado 17 de abril, el arquitecto Sebastián Cerda Pé -hijo de Osane Pé Azumendi (74), una de las dueñas- ingresó un anteproyecto a la Dirección de Obras Municipales de la comuna, dos meses antes de que se comunicara a los apoderados recibieron un correo en el que se les anunció el cierre del establecimiento.
