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Crédito: Archivo | Agencia UNO
Para mejorar el proyecto, desde Espacio Público propusieron que los retiros no estén exentos del impuesto a la renta. «Dado el diseño de nuestro sistema impositivo, la exención favorecería al grupo de contribuyentes con mayores ingresos».
El debate sobre el retiro del 10% de los fondos de pensiones ha calado hondo en la sociedad y ha generado reacciones a favor y en contra. En esa línea, el directorio y miembros del equipo ejecutivo del centro de estudios Espacio Público firmaron una declaración en la que si bien consideraron que este proyecto está «lejos de ser una solución ideal», señalaron que «es comprensible que muchas personas estén dispuestas a recibir en el futuro una pensión aún más insuficiente».
«Hasta aquí, han sido muchos los anuncios y poca la ayuda concreta. El gobierno ha sido lento a la hora de atender las urgencias. Cunden la desconfianza, el desorden, e incluso la arrogancia de algunos que creen saber mejor que los propios afectados en qué consisten sus carencias», dice la carta.
Agregan que «un acuerdo firmado por partidos de gobierno y oposición fijó un marco fiscal de 12 mil millones de dólares. También entregó al gobierno una flexibilidad inédita para decidir cómo gastarlos. Después de un mes seguimos sin claridad sobre su utilización. Esta falta de certezas aumenta la ansiedad de la ciudadanía y alimenta el apoyo masivo que tiene la idea de retirar una parte de los fondos previsionales».
De aprobarse la iniciativa, sostienen que es necesario «tomar resguardos para reforzar los principios de seguridad social, evitando que se convierta en una política que aumente la desigualdad o cuyos impactos fiscales comprometan a futuras generaciones».
Para mejorar el proyecto, desde Espacio Público propusieron que los retiros no estén exentos del impuesto a la renta. «Dado el diseño de nuestro sistema impositivo, la exención favorecería al grupo de contribuyentes con mayores ingresos».
«Asimismo, si se decide crear un sistema de devolución fiscal para los fondos retirados, debería orientarse exclusivamente a los grupos más vulnerables. Los demás casos se podrían abordar con una devolución individual parcializada, reforzando el pilar solidario o mecanismos similares», agregan.
«Valoramos la intención del gobierno de acelerar la discusión de una reforma estructural al sistema de pensiones, esto es, una donde las AFP tengan mucho menos protagonismo. Solo así conseguiremos que la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones sea un principio compartido por la ciudadanía en general. Seguimos pensando, como lo indicamos en nuestro informe del año 2017, que los principios centrales que deberían regir dicha reforma son:
aumentar las pensiones, incorporar elementos redistributivos, dotar al sistema de legitimidad y fortalecer el papel del Estado».
La declaración está firmada por: Francisca Arancibia; Manuel Aris; Camila Arroyo; Eduardo Bitrán; Nicola Borregard; Andrea Butelmann; Luis Cordero; Lucía Dammert; José De Gregorio; Antonio Díaz-Araujo; Mauricio Duce; Annie Dufey; Valentina Durán; Eduardo Engel; Patricio Fernández; Alejandro Ferreiro; Sebastián Gray; César Hidalgo; Victoria Hurtado; Manuel Inostroza; María Jaraquemada; Juan Felipe López; Alejandra Mizala; Mariano Montenegro; Carolina Mosso; Nicole Nehme; Gabriel Ortiz; Valentina Paredes; Francisca Pinto; Andrea Repetto; Maisa Rojas; Andrea Sanhueza; Cassandra Sweet; Pablo Simonetti; Verónica Undurraga y Jeannette von Wolfersdorff
