Parlamentarios opositores integrantes de las comisiones de DD.HH condenan «actos de violencia y racismo» en La Araucanía

Parlamentarios de oposición, pertenecientes a las comisiones de Derechos Humanos del Senado y la Cámara de Diputados, se refirieron a los hechos de violencia que se registraron en distintas localidades de la Región de La Araucanía, como en Collipulli, Ercilla, Traiguén y Curacautín.

La declaración pública es firmada por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), el senador y presidente de la comisión de DD.HH, Juan Ignacio Latorre (RD), el senador Alejandro Navarro (País), la diputada y presidenta de la comisión de DD.HH, Emilia Nuyado (PS), la diputada Carmen Hertz (PC), el diputado Miguel Crispi (RD), el diputado Tucapel Jiménez (PPD) y el diputado Raúl Saldívar (PS).

Al respecto, condenan «los actos de violencia y racismo realizados por particulares. Es inaceptable que grupos particulares hagan uso de la fuerza y realicen actos de desalojo».

«Nuestra Constitución Política impone al Estado el deber de reconocer a los grupos en que se organiza y estructura la sociedad, indicando que no podrá haber ningún grupo privilegiado», aseguran.

En ese sentido, explican que Chile es parte de varios acuerdos y tratados que obligan a respetar todas las razas ya condenas todos los hechos de discriminación.

Por ejemplo, indican que «en el derecho internacional, la no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley y la no discriminación, constituyen principios básicos y generales de los derechos humanos.Consideramos inaceptable cualquier trato denigratorio, expresiones racistas o denigratorias realizadas hacia el pueblo mapuche en los actos de desalojo llevados a cabo por grupos particulares durante la noche de ayer y la madrugada de hoy. La igualdad es inseparable de la dignidad esencial de la persona y es incompatible con tratos discriminatorios de privilegio o inferioridad. Esto se encuentra reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otros».

También recuerdan que la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de la que Chile es parte, obliga «a condenar toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación».

Por eso, solicitan «la urgente realización de una instancia de diálogo entre el Gobierno y los voceros de la huelga del pueblo mapuche, en aras de buscar acercamientos y soluciones que permitan dar una salida pacífica al conflicto. Instamos al Ministro de Justicia a abrir una instancia de diálogo, sin intermediarios».

Sobre la huelga de hambre de algunos comuneros mapuche condenados -uno de los motivos que originó la toma de municipios- piden que «se aplique de manera inmediata el Convenio 169 de la OIT, especialmente su artículo 10: que establece la obligación de los Estados a que, al imponer sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de pueblos indígenas, se tengan en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, así como preferir sanciones distintas al encarcelamiento».

«Invitamos al Gobierno a través de su Ministro del Interior, a retomar a la mayor brevedad posible instancias de diálogo con las personas privadas de libertad del pueblo mapuche que se encuentran en huelga de hambre. La vía del diálogo y no la de la escalada de violencia, es el camino que permitirá dar soluciones que contribuyan a la paz social y al respeto del pueblo Mapuche», finalizan.