PAÍS
Organizaciones de derechos humanos solicitaron al Consejo de Monumentos Nacionales declarar el lugar como «sitio de memoria» para impedir su demolición. Actualmente la PDI quiere reformar el lugar. El Ministerio de Bienes Nacionales debe decidir qué uso darle.
Unas cincuenta personas participaron la noche del lunes en una velatón en el ex centro de torturas de calle Obispo Orrego 241, en la comuna de Ñuñoa.
El evento fue organizado por diversas organizaciones barriales y pretendió visibilizar la situación del inmueble donde funcionó el Comando de Vengadores de Mártires (COVEMA) en 1980, y por donde pasó el estudiante de Periodismo de la UC, Eduardo Jara, que murió a consecuencia de los maltratos. Por los hechos, el juez Mario Carroza condenó a dos ex detectives.
Actualmente la Policía de Investigaciones (PDI) pretende reformar el lugar, a lo que se oponen varias organismos de derechos humanos, como la Red de Sitios de Memoria. El Ministerio de Bienes Nacionales, liderado por Julio Isamit, deberá decidir ahora el destino del lugar. Según la Comisión Valech, en Chile hubo al menos 1.152 centros de tortura.
La velatón fue convocada por la Coordinadora Parque Julio Guerra Olivares por la Memoria y los Derechos Humanos, Cultura Villa Olímpica, la Junta de Vecinos 32 de Villa Olímpica, la Brigada de la Memoria, el Comité de Abastecimiento Villa Olímpica y el Teatro Biográfico Réquiem.
La velatón fue inaugurada por la abogada de derechos humanos Julia Urquieta, quien relató la historia del lugar. Luego fue el turno de la artista María Belén Espinosa, del Teatro Réquiem, que realizó una performance en la puerta del inmueble. Su actuación recordó los horrores que sufrieron las víctimas.
«Los lugares donde los nazis convirtieron sus crímenes se han convertido en sitios de memoria», expresó Urquieta. «Los lugares donde se violaron los derechos humanos deben permanecer en la memoria para que nunca más se repitan. En Chile debemos construir una cultura de los derechos humanos, y para ello la gente debe saber donde ocurrieron estos hechos atroces, saber quienes fueron las víctimas».
La abogada también lamentó que varios ex detectives acusados por los hechos fueron absueltos, y otros ya habían fallecido. «Estamos aquí para exigir verdad y justicia, para que este lugar no se demuela», dijo.
Por su parte, Teresa Monardes, de la Red de Sitios de Memoria, señaló que «quienes vivimos la dictadura pensamos que esto no sólo es memoria histórica, sino también sentar un precedente, decir que lo que ocurrió no debe volver a pasar. Por eso este lugar debe ser declarado sitio de memoria, porque esta casa bonita que vemos acá, pintada de blanco, con una linda estructura, en realidad fue un lugar de horror, de secuestro, de desaparición».
Monardes también anunció que el Consejo de Monumentos Nacionales acogió el expediente para que el inmueble sea declarado monumento histórico, con mención de «sitio de memoria», «lo que de conseguirse al menos servirá para que no lo demuelan».
La solicitud fue realizada de forma conjunta por la Corporación Memoria Borgoño y la Casa de Memoria José Domingo Cañas.
A continuación fue el turno de Claudia Hasbún, militante de Convergencia Social y consejera regional del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, quien recordó que vivió en la misma cuadra del inmueble durante muchos años sin saber de su existencia.
«Yo vivía en la penúltima casa de esta cuadra, así que para mí esta calle y este barrio tiene muchas más importancia que otros sitios y lugares», expresó.
También recordó que desde el CORE «levantamos todas las alertas para que (la solicitud de reforma de la PDI) no siguiera su curso» e impedir la demolición del inmueble.
«Se hicieron las gestiones, el intendente retiró la solicitud. Sin embargo, lo que hacemos como CORE es meramente consultivo. Por tanto, hay que seguir manteniendo este tipo de acciones, seguir instalando en la agenda pública la importancia de mantener estos sitios para que estos hechos no se repitan. No podemos seguir naturalizando la violencia de Carabineros, de la policía. Si la solicitud vuelve a llegar al CORE, cuenten con mi voto en contra y el de varioas consejeras y consejeros más».
Rodrigo Viveros, dirigente de la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica, señaló su satisfacción con la actividad como lugar de encuentro de distintas organizaciones.
«Es una lucha muy vigente en el Chile de hoy», agregó en referencia a la situación de los mapuches y a los presos del estallido social, junto con «la impunidad que a 47 años del golpe siguen disfrutando algunos criminales, un hecho agraviante para toda la sociedad chilena», expresó.
A pesar de su gran número, hoy muchos antiguos centros de tortura tienen otra función, y fungen como locales comerciales o farmacias, según un documental y una investigación FONDECYT del académico José Santos, de la Universidad de Santiago.
El trabajo de Santos también revela que, incluso en democracia, la tortura sigue siendo una práctica habitual en Chile, como revela el documental «La piedra en el agua».
