"La información y las conclusiones del informe son sólidas y contundentes”. De este modo, el abogado Francisco Cox, integrante de la Misión de la ONU sobre Venezuela, salió al paso de las quejas del Gobierno de Nicolás Maduro respecto al informe que estableció que el presidente de ese país y los ministros más importantes de su gobierno están vinculados con  "crímenes de lesa humanidad”.

Entrevistado en Radio Cooperativa, el profesional sostuvo que “tuvimos más de 278 entrevistas con distintas personas, víctimas, testigos de algunas de las violaciones que damos cuentas, pero también relatos de ex miembros de las fuerzas de seguridad y miembros activos de las fuerzas de seguridad e inteligencia. Junto con eso, tuvimos acceso a documentación y a videos geolocalizados sobre algunas de las violaciones".

En tal sentido, recordó que “hicimos diversas solicitudes de ingreso a Venezuela y ninguna fue respondida” y sostuvo que “cuestionar la validez del informe por las fuentes o la metodología no tiene mucho sustento. El gobierno venezolano decidió ni siquiera contestarnos”.

Al referirse a las conclusiones que dan cuenta del uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, Cox explica que “concluimos que hay al menos dos políticas de Estado respecto a crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.

En tal sentido, planteó que “las cifras de muertes por 'resistencia a la autoridad', como las oficializa el Estado venezolano, son sumamente altas para cualquier estándar de país”.

Asimismo, indicó que “hay una política de limpieza social, persecución al delito que incluye ejecuciones extrajudiciales. El sustento son declaraciones de miembros de fuerzas de seguridad, que tenían luz verde para matar”.

Cabe recordar que el Gobierno de Venezuela rechazó el informe acusándolo de “estar plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington”, según dijo el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

En Chile, el tema también ha provocado controversia, dado  que el Partido Comunista cuestionó la validez del reporte al plantear que el informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela “apareció a la par con la gira que Mike Pompeo, Secretario de Estado de los EE.UU, realiza a Colombia, Brasil y Guyana, con la manifiesta intención de apoyar a los sectores golpistas en Venezuela, que encabezados por Guaidó insisten en la intervención extranjera, ante su derrota en el país”.

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