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La fiscal Priscilla Silva acusó que José Bartolo Vinaya (Independeinte pro UDI) y el excandidato a concejal por la misma comuna, Esteban Araya realizaron la práctica conocida como «acarreo de votantes» en el año 2016, cuando ambos imputados se presentaron como candidatos en las elecciones municipales que se realizarían el 23 de octubre de ese mismo año.
El actual alcalde de Huara, Región de Tarapacá, José Bartolo Vinaya (Independeinte pro UDI) y el excandidato a concejal por la misma comuna, Esteban Araya, quedaron con arraigo nacional, tras ser formalizados por el delito de «incitar, promover, solicitar u organizar a los electores para que modifiquen su domicilio electoral, declarando uno nuevo con datos falsos o diferentes de los permitidos».
La fiscal Priscilla Silva acusó que ambas autoridades realizaron la práctica conocida como «acarreo de votantes» en el año 2016, cuando ambos imputados se presentaron como candidatos en las elecciones municipales que se realizarían el 23 de octubre de ese mismo año.
En la investigación iniciada por el querellante, el diputado Hugo Gutiérrez (PC), se concluyó que los imputados incitaron, solicitaron y organizaron a personas que conocían para que cambiaran su domicilio electoral a Huara, pese a que no cumplían con los requisitos exigidos por la Ley Electoral en lo que se refiere al domicilio personal y laboral que los votantes realmente tenían, en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, y no a Huara.
El alcalde Bartolo, en su calidad de profesor de la carrera de Ingeniería de la Universidad Santo Tomás sede Iquique, solicitó a sus alumnos que cambiaran de domicilio electoral a Huara. Varios concurrieron a votar efectivamente por él.
Por su parte, Araya, quien vivía en Iquique, le solicitó a sus vecinos que cambiaran su dirección electoral, entregándoles una dirección en Huara para que pidieran el cambio. Incluso les ofreció transporte el día de la elección.
«El domicilio electoral que establece la ley es aquel con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, ya sea porque reside habitual o temporalmente en él, ejerce su profesión u oficio, o desarrolla sus estudios en él, presupuestos que no se cumplían en el caso de los electores a quienes los imputados solicitaron efectuar los cambios», indicó la fiscal Silva.
El Juzgado de Garantía decretó arraigo nacional para los imputados y fijó un plazo de investigación de 120 días.
