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Juan Antonio Coloma (UDI) explicó que «la secretaría de la Cámara, en la sala, anunció (este martes) un quórum calificado y la comisión, con mayoría de izquierda, en una actitud tramposa y aprovechándose de la mayoría coyuntural, cambiaron el quórum a mayoría simple. Trampas legislativas como estas no pueden ser avaladas».
Dentro de dos semanas, diputados de la UDI y Renovación Nacional (RN) acudirán al Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de impugnar el proyecto que tipifica la incitación a la violencia como delito.
Según consigna T13, se trata de una movida inusual, toda vez que existe un plazo de cinco días para acudir al TC desde el momento en que una iniciativa es despachada a ley por el Congreso. En este caso, el proyecto apenas se encuentra en segundo trámite.
Sin embargo, los parlamentarios oficialistas decidieron adelantarse y presentar el requerimiento en un plazo de dos semanas, bajo dos argumentos: el quórum con el que se aprobó el artículo y porque coarta la libertad de expresión.
Al respecto, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) explicó que «la secretaría de la Cámara, en la sala, anunció (este martes) un quórum calificado y la comisión, con mayoría de izquierda, en una actitud tramposa y aprovechándose de la mayoría coyuntural, cambiaron el quórum a mayoría simple. Trampas legislativas como estas no pueden ser avaladas».
Por otra parte, la Fundación Jaime Guzmán manifestó sus reparos a la iniciativa, por medio de un escrito previo de 17 páginas en el que argumentaron la inconstitucionalidad de este proyecto de ley.
El documento -al que accedió T13- dice en un acápite que las dos razones son el quórum y la libertad de expresión. Respecto al primer punto, la fundación sostiene que se requerían 78 votos (quórum calificado) para su aprobación, y no 75.
Al respecto, el diputado Gustavo Sanhueza sostuvo que «ningún abogado serio puede afirmar que una disposición que limita o restringe la libertad de expresión -información consagrada en la Constitución- pueda ser aprobada con un quórum simple o común».
El escrito dice además que «el proyecto de ley, al circunscribir el tipo penal a las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile por agentes del Estado entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1989, incumple con estos presupuestos básicos del ordenamiento jurídico, además de consagrar una hipótesis de discriminación arbitraria en relación a quienes nieguen otras violaciones a los derechos humanos no comprendidas en este tipo penal».
La minuta también sostiene que se restringe la libertad de expresión, toda vez que el proyecto «restringe su aplicación a ciertos hechos puntuales, contraviniendo el principio de generalidad y abstracción de la ley».
«Esto es un verdadero atentado a la libertad de expresión. Se prohíbe no solo opinar sino también enseñar, informar y pensar de una forma distinta a la que nos impone el Estado», sostuvo el diputado Coloma.
