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Crédito: ATON
La intendencia de la región inscribió un contrato de una compra de terreno en una notaría de La Serena sin que pasara por la «toma de razón» de Contraloría General de la República, quienes ya habían rechazado cuatro veces este proceso de compra iniciado por el Gobierno Regional. Esta «toma de razón» es una operación ineludible que forma parte del proceso, por lo que Contraloría remitió el caso a la Fiscalía, argumentando irregularidades, quienes investigan un fraude al fisco por $9.800 millones.
La cuarta región está consternada debido al «Papaya Gate», un hecho que fue revelado esta jornada y que involucra a la Intendencia de Coquimbo.
Según reporta radio Bío Bío, la intendencia de la región inscribió un contrato de una compra de terreno en una notaría de La Serena sin que pasara por la «toma de razón» de Contraloría General de la República, quienes ya habían rechazado cuatro veces este proceso de compra iniciado por el Gobierno Regional. Esta «toma de razón» es una operación ineludible que forma parte del proceso, por lo que Contraloría remitió el caso a la Fiscalía, argumentando irregularidades, quienes investigan un fraude al fisco por $9.800 millones.
Por esta razón, se inició un sumario administrativo y el Fiscal Nacional Jorge Abbott designó a la perseguidora regional de Valparaíso para que indague el delito de fraude al fisco, cuyos antecedentes deberán ser derivados al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe una querella.
La Intendencia confirmó que pasó por encima del organismo fiscalizador, pero aseguró que todo se hizo de forma transparente.
Al respecto, la intendenta de Coquimbo, Lucia Pinto indicó al citado medio que “Contraloría puede poner en antecedente cualquier hecho que a su juicio deba ser investigada, pero nosotros tenemos la absoluta certeza y todos los antecedentes, que acreditan que no existe ningún tipo de irregularidad”.
“Esto se desarrolla en el marco de un trabajo mayor como es el futuro hospital. Cuando se entregó el terreno de la Cordep, la municipalidad se dedicó a la búsqueda de un espacio apropiado para el luego sitio deportivo, ellos evaluaron y realizaron todos los estudios técnicos. Este fue un proceso en el que actuamos diversas instituciones públicas, además del municipio, también estuvo el Consejo Regional, el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional del Deporte”, agregó.
«Tenemos discrepancias jurídicas, pero acá no se ha cometido ninguna irregularidad y para demostrarlo, aportaremos con toda la información que se requiera”, reiteró.
«Este proceso ha sido absolutamente transparente, en el que participaron diversos servicios públicos, con informes, estudios y una serie de antecedentes que avalan la legalidad y transparencia de todo este proceso, sustentado, incluso, con dictámenes de la propia Contraloría”, señaló.
