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El requerimiento, al que tuvo acceso El Mostrador, sostiene que «con fecha 8 de septiembre de 2020, en el marco de la investigación penal seguida en la causa RIT N° 9653-2020, y habiendo sido autorizado previamente por el magistrado DARWIN BRATTI JORQUERA, el Fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación procedió a ejecutar una diligencia intrusiva de entrada, registro e incautación en dependencias del Ministerio de Salud».
El abogado Luis Correa Bluas informó a través de su cuenta de Twitter que presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la negativa del ministro de Salud, Enrique Paris, a entregar correos electrónicos en el marco de la investigación contra autoridades de Gobierno por las muertes de covid-19.
El requerimiento, al que tuvo acceso El Mostrador, sostiene que «con fecha 8 de septiembre de 2020, en el marco de la investigación penal seguida en la causa RIT N° 9653-2020, y habiendo sido autorizado previamente por el magistrado DARWIN BRATTI JORQUERA, el Fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación procedió a ejecutar una diligencia intrusiva de entrada, registro e incautación en dependencias del Ministerio de Salud».
«Específicamente -agregan-, dicha diligencia tenía por objeto entrar, registrar e incautar desde los correos electrónicos institucionales y archivos alojados en los servidores electrónicos respectivos, información respecto a don Jaime Mañalich, doña Itziar Linazasoro y doña Paula Daza, desde el 01 de febrero de 2020 hasta esa fecha, que estuvieran relacionados con los hechos materia de la investigación».
«Esta diligencia se efectuó sin dar aviso previo, por cuanto se consideró que aquello podría frustrar el éxito de la diligencia investigativa. Sin embargo, dicha diligencia igualmente se frustró, por cuanto el Ministro de Salud actual,
don Enrique Paris Mancilla, se opuso a su ejecución, invocando el inciso segundo, del artículo 209 del Código Procesal Penal», dice el documento.
El requerimiento dice además que «el mismo día en que se intentó ejecutar la diligencia, el Ministro de Salud invocó como fundamento el que en dichas dependencias y en los referidos correos electrónicos, “existen documentos reservados, en particular en relación con información sensible de pacientes, que se encuentran bajo reserva conforme a la ley n° 20.584”. En cambio, en una segunda oportunidad, dos días después, el señor Ministro cambió su argumentación, señalando esta vez que se habría opuesto porque la diligencia afectaría la Seguridad Nacional».
Finalmente, el escrito sostiene que «Vengo en solicitar ante el Contralor General de la República, su pronunciamiento sobre el cumplimiento del deber de probidad en la oposición por razones de seguridad nacional efectuada por el Ministro de Salud, don ENRIQUE PARIS MANCILLA, los días 8 y 10 de septiembre de 2020, respecto de la diligencia intrusiva decretada en la causa RIT 9653-2020, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por eventuales contravenciones al principio de probidad del artículo 8 de la Constitución Política de la República, en relación a los artículos 52 y 62 N° 6 de la Ley Orgánica de Bases de la Administración del Estado, o las normas que Ud. considere, instruyendo asimismo los consecuentes procedimientos administrativos que en derecho correspondan, de estimarse procedentes».
