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Crédito: Aton
El recurso judicial fue presentado por el abogado de la Fundación Amparo y Justicia, Alejandro Espinoza, quien aseguró que «Héctor Riveros tiene un informe psicosocial negativo, por su perfil psicopático y compromiso criminógeno, no puede ser merecedor de ningún beneficio que le permita acceder al medio libre, no existiendo ninguna justificación ni racional ni jurídica para que acceda a la libertad en estas condiciones».
La mamá de un joven de 13 años acudió a la Corte de Apelaciones de Talca, donde interpuso un recurso de protección, luego que se encontrara en la calle con Héctor Mauricio Riveros Retamal, quien violó y asesinó a su hijo el 1 de mayo del año 2000.
Concretamente, según consigna el diario El Mercurio, la acción judicial va dirigida en contra de Gendarmería «por haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario, al conceder permiso de salida al medio libre, sin vigilancia, al condenado».
De acuerdo al rotativo, el recurso judicial fue presentado por el abogado de la Fundación Amparo y Justicia, Alejandro Espinoza, quien aseguró que «Héctor Riveros tiene un informe psicosocial negativo, por su perfil psicopático y compromiso criminógeno, no puede ser merecedor de ningún beneficio que le permita acceder al medio libre, no existiendo ninguna justificación ni racional ni jurídica para que acceda a la libertad en estas condiciones».
Espinoza consideró que acá «hay culpas compartidas por diversas resoluciones». Además, este caso se suma al de Ámbar Cornejo y a otros que a él, como abogado de la Fundación Amparo y Justicia, le ha tocado ver, «donde sujetos que son un peligro para la sociedad son puestos en libertad y cometen crímenes similares. Las autoridades de Gendarmería y judiciales deben aquilatar en sus decisiones la gravedad que significa otorgar estos beneficios a un condenado que no ha cumplido su pena y que constituye objetivamente un peligro para la sociedad».
Por otra parte, desde Gendarmería manifestaron que el Consejo Técnico aprobó la postulación de Riveros y fue ingresado al Centro de Educación y Trabajo de Talca (CET), donde aseguraron «ha tenido una buena conducta, sin infracciones ni incumplimientos de sus obligaciones, por lo que fue accediendo progresivamente a beneficios intrapenitenciarios», vale decir, salida dominical, y posteriormente de fin de semana.
En el primer semestre de 2020, Gendarmería postuló a Riveros al beneficio de libertad condicional, lo que fue rechazado por la Comisión para dicho fin de la Corte de Talca. Su defensa presentó un recurso de amparo, pero fue desestimado tanto por el tribunal de alzada como por la Corte Suprema.
Además, desde Gendarmería explicaron que la Dirección Regional de Gendarmería en el Maule reevaluó la permanencia de Riveros en el CET. «Como consecuencia de lo anterior, la autoridad regional estimó a revisar los criterios, atendida la naturaleza de los delitos, por lo que mediante la resolución de fecha 12 de junio de 2020, la administración dispuso su retorno a la cárcel de Talca y la suspensión de los permisos de salida».
Ante ello, la defensa del condenado interpuso un recurso de amparo bajo el argumento de que la medida era «ilegal y arbitraria», el que finalmente fue acogido por la Corte de Talca y posteriormente ratificado por la Corte Suprema. Con esto se ordenó la restitución de su situación previa, teniendo que regresar al CET de Talca y siendo restituidos sus permisos de salida.
