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Los jefes de bancada de diputados de Chile Vamos enviaron una carta al fiscal nacional en la que señalan que «a nuestro juicio, la información dada a conocer por el SII, adquiere especial gravedad cuando tenemos a la vista que, del total de falsos beneficiarios, 37.100 corresponden a funcionarios del Estado, quienes, a diferencia de gran parte de los chilenos durante esta pandemia, no han visto disminuidas sus remuneraciones».
Los jefes de bancadas de diputados de Chile Vamos, Luciano Cruz-Coke (Evópoli), María José Hoffmann (UDI) y Sebastián Torrealba (RN) enviarán una carta al fiscal nacional, Jorge Abbott, solicitando que se investigue el caso de los falsos beneficiarios que accedieron al bono clase media sin cumplir los requisitos.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó que que 437.703 trabajadores dependientes presentaron diferencias entre el monto que autodeclararon como sueldo tributable de julio de 2020 al momento de solicitar el Bono y el real calculado a partir de sus cotizaciones previsionales obligatorias o de lo efectivamente percibido. De esta forma, no cumplen con el requisito legal de tener una disminución de un 30% o más en sus remuneraciones de dicho mes, respecto del promedio de ingresos totales de 2019. De ellos, 400.603 son trabajadores del sector privado y 37.100 funcionarios del Estado.
En la carta, a la que accedio Emol, los parlamentarios de Chile Vamos sostienen que «a nuestro juicio, la información dada a conocer por el SII, adquiere especial gravedad cuando tenemos a la vista que, del total de falsos beneficiarios, 37.100 corresponden a funcionarios del Estado, quienes, a diferencia de gran parte de los chilenos durante esta pandemia, no han visto disminuidas sus remuneraciones».
«Lo anterior, no solo es indignante y sugiere la condena absoluta de parte de toda la sociedad, sino que también, cumple con las condiciones suficientes para iniciar una investigación que persiga penalmente a los responsables», señalaron.
«Estamos hablando de un fraude de cerca de US 256 millones de dólares, que junto con afectar las arcas fiscales en un año especialmente complejo para la economía del país, daña profundamente la confianza y credibilidad en los organismos públicos, por cuanto aquellos funcionarios que accedieron a esta ayuda, representan también a la administración del Estado», destacaron.
Finalmente, manifestaron preocupación «por estos hechos y le solicitamos iniciar de oficio una investigación, que permita concluir con el esclarecimiento de eventuales delitos de fraude de subvenciones o perjurio».
Por otra parte, los diputados Hoffmann, Cruz-Coke y Torrealba emplazaron al presidente de la Cámara, Diego Paulsen para que cite a una sesión especial el 20 de octubre próximo para tratar «los casos de funcionarios públicos que habrían percibido indebidamente el bono clase media».
En una carta enviada a Paulsen, solicitan que «se aborde la situación del alto número de trabajadores de los distintos estamentos del Estado que habrían falseado información con el objeto de cumplir los requisitos que establecía la Ley N°21.252, que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección delos ingresos de la clase media en los casos que indica».
También pidieron citar a esa sesión a los ministros de Hacienda y Desarrollo Social, Ignacio Briones y Karla Rubilar respectivamente, además del subsecretario de Hacienda y al director nacional del Servicio de Impuestos Internos.
