Estas fueron algunas de las propuestas que se plantean en el contexto de la discusión del proyecto de ley que perfecciona una normativa vigente hace 12 años y que quedaron de manifiesto en seminario organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT).
“Hoy la transparencia es un derecho fundamental y es al mismo tiempo una condición ineludible de las democracias modernas”, afirmó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada al inicio del seminario sobre la Ley de Transparencia y la demanda ciudadana, el cual fue moderado por el director ejecutivo de El Mostrador, Federico Joannon.
En la instancia participaron la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz; Paulina Núñez, diputada y presidenta de la Comisión Bicameral del Congreso; el exsenador Jaime Gazmuri; y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, los que abordaron una serie de temas asociados a la modernización de la normativa y al principio de transparencia, incluyendo su reconocimiento en la Constitución. Además, plantearon una serie de desafíos en términos de derecho de acceso a la información y obligaciones en la materia, no sólo en los organismos del Estado sino también en otros poderes como el Judicial y el Legislativo y en instituciones del sector privado.
El representante del CPLT se refirió a la transparencia como un elemento central para fortalecer la participación ciudadana y un facilitador del escrutinio de la sociedad respecto de las autoridades, de las decisiones que se toman y de los procedimientos que se adoptan. Una de las vías que, desde su experiencia como consejero y titular del Consejo, permiten avanzar en la recuperación de la credibilidad en las instituciones en un ambiente de desconfianza y de alza de casos de corrupción, la que debe ir acompañada de una reforma del Estado.
En su intervención, Jaraquemada detalló una serie de desafíos que se deben abordar en este ámbito y que implican hacerse cargo de riesgos como: la resistencia al cambio, el peligro de regresión –con iniciativas que intentan restringirla, la ineficacia –ante la falta de oportunidad-, y la elitización ante una incapacidad de llegar masivamente a la ciudadanía con el mensaje de que el acceso a la información es un derecho, una herramienta, “una llave para ejercer otros derechos”.
Asimismo, recalcó que entre las eventuales mejoras a la normativa sobre Transparencia se cuenta ampliar las obligaciones a otros actores y apuntó a la necesidad de “dar vuelta el eje” y hacer de la transparencia activa “la norma general”, es decir, que los organismos cumplan con mantener disponible información pública en sus sitios web.
Sobre este punto planteó que en aquellos temas respecto de los cuales “hay una jurisprudencia sistemática del Consejo para la Transparencia y de las Cortes de que efectivamente es pública, y por lo tanto se puede acceder a ella, debiera ser puesta a disposición de la ciudadanía de manera proactiva”. Un criterio que fue compartido por Paulina Núñez, quien sostuvo que la transparencia activa es la que tiene que predominar. “No esperemos que nos pregunten”, afirmó.
Entre las actualizaciones a la normativa vigente, el ex parlamentario Jaime Gazmuri –quien junto con el ministro Larraín, entonces senador, fueron autores de la moción que dio origen a la Ley de Transparencia- apuntó a “mayores exigencias ciudadanas y un clima de grave desprestigio de las instituciones”. Además, destacó la necesidad de mejorar los niveles de transparencia en ámbitos en los que se han evidenciado falencias, como ocurre a nivel municipal, en las Fuerzas Armadas o en materia de financiamiento de la política.
Otra cuestión relevante para los panelistas es la necesidad de elevar los estándares de calidad de la información que entregan los organismos y la necesidad de que se establezcan criterios de lenguaje claro. En este sentido, Paulina Núñez, diputada planteó: “Para que la ley de transparencia sea útil debemos difundir y dar respuestas oportunas y claras”. La presidenta del Senado, Adriana Muñoz apuntó a una serie de esfuerzos para avanzar en este ámbito asociados con el presupuesto, “pero lo cierto es que está lejos de estándares internacionales”, aseveró.
Respecto de los orígenes de la normativa, uno de los elementos destacados fue el cambio cultural y de paradigma que implicó esta ley. En palabras del titular de Transparencia apuntan a “que se transfiera a la cotidianeidad el escrutinio y control social a través del acceso a la información pública”.
El ministro de Justicia recordó en su intervención que se buscó un cambio de paradigma: “Antes la información era privativa de la autoridad y excepcionalmente de alcance ciudadano y ahora la información es ciudadana y sólo excepcionalmente reservada para la autoridad”. El exsenador apuntó a que los ciudadanos “lograron colocar este tema que no estaba en la agenda política nacional” y que tenía relevancia no sólo en Chile sino globalmente en los noventa.
La senadora Muñoz, reconoció el aporte de la Ley de Transparencia “como una potente herramienta fiscalizadora contra todos los actos ilícitos y contra el actuar discrecional y arbitrario de algunas autoridades”. La parlamentaria entregó detalles de condonaciones de tributos por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), entidad que envió cajas con el listado impreso de condonaciones que llenaba “una oficina entera”. Se cumplía con la formalidad, pero se impedía el control. “La opacidad resistió bastante en la práctica cotidiana”, afirmó la titular de la Cámara Alta.
Entre los temas pendientes que deben abordarse en la iniciativa de ley que perfecciona la normativa de transparencia se cuenta ampliar las obligaciones en esta materia a otros actores, apuntando mayoritariamente a su expansión en organismos con función pública, incluyendo instituciones privadas –como las que reciben recursos del Estado-. En este sentido, el ministro de Justicia relevó la centralidad de “la ampliación de lo público por lo menos a todos los que reciben aportes del Estado y empresas privadas que gestionan vía concesión de bienes públicos”.
Al respecto, Jorge Jaraquemada cerró el debate comentando que: “La transparencia es una demanda ciudadana que se hace al Estado y a toda la sociedad y los particulares harían bien en entender que avanzar en transparencia siempre va a ser una inversión en confiabilidad”.
Entre las acciones asociadas al perfeccionamiento del sistema de la transparencia mencionados por el presidente del CPLT destacaron: la necesidad del reconocimiento constitucional del principio de transparencia y la revisión del Gobierno Corporativo del propio organismo.
Respecto de este punto, el presidente del Consejo manifestó: “Me parece que es el tiempo de pensar que los consejeros, o al menos quien ejerce la presidencia, debiera dedicarse exclusivamente a ese rol”. En esta línea, el titular de Transparencia agregó que debieran abordarse algunas inhabilidades durante el ejercicio de la función de consejero –no mantener contratos con sujetos obligados- y de salida –por ejemplo, períodos de “enfriamiento” tras dejar el cargo.
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