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1.500 manifestantes y 8 detenidos: Carabineros califica últimas protestas como «las más violentas» desde el inicio de la pandemia PAÍS

1.500 manifestantes y 8 detenidos: Carabineros califica últimas protestas como «las más violentas» desde el inicio de la pandemia

Carabineros informó que se registraron semáforos destruidos y buses afectados. “Contabilizamos, en el momento peak, unas 1.500 personas que se congregaron» en Plaza Baquedano, indicó el general Manuel Valdés. A nivel nacional hubo 15 detenidos por las manifestaciones.


Tras las protestas registradas ayer, Carabineros entregó un balance este sábado de las manifestaciones que tuvieron como foco central la región Metropolitana.

La institución informó que se contabilizaron semáforos destruidos y buses afectados. “Contabilizamos, en el momento peak, unas 1.500 personas que se congregaron» en Plaza Baquedano, indicó el general Manuel Valdés.

El oficial detalló que «muchas de ellas no respetaron el toque de queda ni las medidas sanitarias», agregando que la jornada de ayer viernes culminó con 15 detenidos (7 en regiones y 8 en la capital).

Las protestas con más acontecimientos se produjeron en Plaza Italia, también conocida como Plaza de la Dignidad, donde hubo enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros.

“Fue una de las manifestaciones más violentas desde el inicio de la pandemia”, sostuvo Carabineros que aclaró que no todas las personas que concurrieron a las manifestaciones protagonizaron desórdenes.

El general Valdés finalmente afirmó que la institución intentó contener la situación siguiendo todos los protocolos.

Sujetos provocan daños

Tras la jornada de manifestaciones, Carabineros publicó en Twitter dos videos ocurridos en Santiago y en los que se puede ver, de acuerdo a lo informado en la publicación, sujetos que provocan daños a un bus de la locomoción colectiva en las intersecciones de Irene Morales con Libertador Bernardo O’Higgins.

Y a otro grupo que destruye un semáforo en la misma intersección.

Centenares de manifestantes ocuparon este viernes la céntrica Plaza Italia de Santia, cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la ola de protestas y en medio de graves cuestionamientos al cuerpo policial de Carabineros y de un intenso debate sobre su refundación.

A media tarde y pese al gran contingente policial, los manifestantes cortaron el tráfico y consiguieron ocupar la rotonda, también llamada como Plaza de la Dignidad, mientras otro grupo se apostó en el puente cercano desde donde el pasado viernes fue lanzado un menor al cauce seco de un río desde una altura de al menos siete metros.

«Lo que han hecho Carabineros y el Estado es acrecentar nuestra rabia hacia todo el sistema. Ellos no pueden hacer daño a su propia gente, es algo irracional», dijo a Efe la joven Sandra Cáceres.

El accidente volvió a poner entre las cuerdas al cuerpo policial, que ya había sido señalado por organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos durante la ola de protestas, iniciadas el pasado 18 de octubre y consideradas las más graves desde el fin de la dictadura, con una treintena de muertos y miles de heridos.

El menor de 16 años resultó herido de gravedad, pero su estado de salud evoluciona favorablemente, y el agente que supuestamente le lanzó al río se encuentra en prisión preventiva acusado de homicidio frustrado.

«Fue como si nos hubiesen tirado a todos al río», apuntó a Efe la joven Helga Sepúlveda.

La oposición volvió a pedir la renuncia del director general de Carabineros, Mario Rozas, pero cuenta con el apoyo del Gobierno, que este viernes convocó una reunión especial para discutir una eventual reforma estructural del denostado cuerpo policial.

«Vengo porque quiero que este país cambie, quiero que paren las injusticias, los robos, las violaciones a los derechos humanos, que se reestructure completamente Carabineros», indicó a Efe otro manifestante que no quiso dar su nombre.

En apenas dos semanas, más de 14,5 millones de chilenos están llamados a decidir en un histórico plebiscito si quieren o no reemplazar la actual Constitución, heredada de la dictadura y vista por gran parte de la sociedad como el origen de las desigualdades que aquejan al país por darle un papel secundario al Estado en la provisión de servicios básicos.

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