¿Parásitos del Estado?: Los operadores políticos del Sernac

El búmeran de las promesas a veces golpea de vuelta cuando menos se espera. Es lo que ha sucedido esta semana con el denominado “caso Sernac Arica” que aterrizó en La Moneda, atacando el corazón de lo que parecía ser un ofrecimiento de campaña serio y razonable: limpiar el Estado de operadores políticos.

• Pero los hechos ocurridos en Arica –con la salida de laseremi de Salud, Karla Kepec, y del director subrogante del Sernac, Marcos Oviedo–  demuestran precisamente lo contrario: la promesa de extirpar los “parásitos” del aparato público se diluyó en cuanto volvió a operar la vieja filosofía del cuoteo. ¿Cómo se supo?: fueron los mismos involucrados los que sembraron la evidencia.

Primero fue la seremi de Salud que publicitó una oferta laboral dirigida a “republicanos o hijos de republicanos” por un grupo de WhatsApp y luego el Director (S) del Sernac que insistió en contratar a militantes de “RN o republicanos” hasta que lo consiguió, a pesar de la negativa del organismo central. El problema, en el fondo, fue otro: la trabajadora escogida fue una asistente social detenida por narcotráfico, en Tacna, en octubre del año 2017.

Pese a que su nombre figuraba en archivos noticiosos en Perú, Evelyn Milos llegó a trabajar al Sernac en un cupo de Renovación Nacional, luego de ingresar al partido en abril de este año. Arribó tras un acuerdo entre el presidente regional de RN, Patricio López, y Jalin Simunovic, consejero comunal de RN y marido de la funcionaria contratada a contar del 1 de julio de este año. Más claro echarle agua.

• Aquí es donde la paradoja se hace evidente: el Gobierno puede defender legítimamente tener militantes en la administración pública, pero el problema comienza cuando la militancia se transforma en criterio de selección. Una cosa es que una persona de un partido ocupe un cargo público porque tiene competencias y otra muy distinta es que el partido se convierta en una bolsa de trabajo.

La frontera entre ambos asuntos es lo que prometía custodiar la retórica contra los “operadores políticos” usada hasta el cansancio en la campaña de Kast. Un discurso que exigía coherencia para una administración que hizo de la limpieza del Estado uno de sus relatos fundacionales, criticando el uso del aparato público como un botín.

• Si bien el Gobierno ha reaccionado con rapidez, analistas consultados por +Política concuerdan que los mecanismos de reclutamiento partidario quedaron expuestos: dos autoridades regionales han terminado fuera de sus cargos y la Contraloría tiene una investigación abierta que promete escalar a otros servicios públicos.

Esto último tiene un particular interés, debido a que si el caso avanza podría alcanzar la seremi de Economía de Arica y Parinacota, Romina Cifuentes, vicepresidenta nacional del Partido Republicano que hasta ahora ha sido blindada por el Gobierno, pese a figurar en los correos electrónicos que buscaban elegir a militantes por contratación directa. O sea, sin concurso público.