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Crédito: ATON (Contexto)
El proyecto, que busca penalizar con hasta tres años de presidio a quien «justifique», «apruebe» o «niegue» las violaciones a los derechos humanos que informes oficiales documentaron al término del régimen cívico-militar, ya fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 22 de septiembre y está a la espera de ser debatida aún en el Senado.
El proyecto de ley que busca castigar el negacionismo de los abusos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet vivirá un nuevo capítulo debido a que Chile Vamos recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para rechazar esta iniciativa.
El proyecto, que busca penalizar con hasta tres años de presidio a quien «justifique», «apruebe» o «niegue» las violaciones a los derechos humanos que informes oficiales documentaron al término del régimen cívico-militar, ya fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 22 de septiembre y está a la espera de ser debatida aún en el Senado.
De acuerdo al diario El Mercurio, la diputada Camila Flores (RN) explicó que la presentación ante el TC se debe a que «esta norma vulnera principios básicos que son fundamentales para cualquier democracia» y, además, porque el proyecto debió ser aprobado no por quorum simple, sino por uno calificado.
En tanto, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), señaló que «un proyecto que restringe de tal manera la libertad de expresión, que ha sido condenado por todos los profesores de derecho constitucional y organismos que defienden los DD.HH., no puede sino ser declarado ilegal y no debe seguir tramitándose en el Congreso».
«No vamos a aceptar más la imposición ilícita de una izquierda que, aprovechándose de su mayoría, lesiona de manera descarada un derecho fundamental como es la libertad de expresión, más aún, intentando burlar mañosamente los quorum legales», agregó el diputado Gustavo Sanhueza (UDI).
El borrador del recurso presentado por los diputados mencionados también cuenta con la firma de Javier Macaya (UDI) y Luis Pardo (RN). En este, se referencia a una vulneración del artículo 19, número 12 de la Constitución, relacionado con la libertad de emitir opinión, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio.
El texto también hace referencia al artículo 19, número 2, que señala que ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias. En ese sentido, hace hincapié en que no se puede hacer una diferencia «caprichosa» fundada con la intención de establecer una suerte de «verdad histórica».
Finalmente, se alude al artículo 19, número 3, que dicta que «ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella», señalando que el proyecto no cumple con los requisitos de tipicidad y taxatividad exigidos.
Los diputados se encuentran en pleno proceso de recolección de las firmas que se requieren para la tramitación y esperan recurrir este lunes al TC.
