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Crédito: ATON
«Suscribo plenamente el comunicado de prensa que la institución emitió ayer», señaló esta mañana Rozas sobre el duro reporte de AI que pide una investigación penal contra los Altos Mandos de la institución por la violación de derechos humanos durante el estallido social. A través de una declaración, Carabineros lamentó las «imprecisiones y omisiones» del informe de AI y llama a la prudencia: “El establecimiento de la verdad le corresponde a los tribunales”. Además, Rozas dijo sobre el sumario de Contraloría que «en un Estado de Derecho las instituciones deben funcionar. Somos los primeros en someternos al escrutinio público» [ACTUALIZADA]
En una pauta para anunciar la detención de 10 personas por su responsabilidad en los reiterados ataques desde agosto a una subcomisaría de Peñalolén, el general director de Carabineros, Mario Rozas, se ajustó a lo ya señalado por el comunicado emitido anoche por la institución respecto al lapidario informe de Amnistía Internacional (AI).
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la declaración de Carabineros señala que el informe de AI -que apunta a la responsabilidad del mando en violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y pide una investigación penal contra los Altos Mandos de la institución -contiene «una serie de imprecisiones y omisiones».
«Suscribo plenamente el comunicado de prensa que la institución emitió ayer», partió señalando Rozas. “Todo lo que nos ha acontecido como institución desde octubre del año pasado hasta la fecha, todas esas situaciones han sido puestas en conocimiento del Ministerio Público, de los tribunales de justicia, somos los primeros en cumplir la ley y en hacer cumplir la ley, por lo tanto, creemos que los únicos encargados de determinar o zanjar situaciones cuando hay delitos de por medio son los tribunales de justicia», indicó.
Sin ahondar más en el punto, el general director sostuvo que «desde hace un tiempo a la fecha he pedido prudencia y esa prudencia muchas veces me ha llevado a autocensurarme para no generar mayores conflictos, y he pedido prudencia, no inhibición en nuestras actuaciones».
Además, Rozas dijo sobre el sumario de Contraloría que «en un Estado de Derecho las instituciones deben funcionar. Somos los primeros en someternos al escrutinio público».
La declaración de la policía uniformada señala que a propósito del reporte de AI y a días de que se cumpla un año del 18 de octubre, “es necesario enfatizar que a contar de esa fecha ocurrieron episodios inéditos de extrema violencia. Ente octubre de 2019 y marzo de este año se produjeron 2.800 eventos graves, muchos de los cuales afectaron a personas y residentes en los lugares donde se registraron estos hechos a lo largo de Chile”.
“Carabineros de Chile reitera que su mandato constitucional es dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad del país, velando por el respeto a los derechos de todas las personas“, indican.
“Destacamos que en todo momento se hicieron los mayores esfuerzos para abordar estos episodios de violencia y de desórdenes públicos en cumplimiento del mandato constitucional y con pleno apego a las leyes vigentes. Asimismo, expresamos nuestro absoluto compromiso con la verdad y transparencia en todos los procedimientos y, especialmente, con aquellos que están siendo investigados por el Ministerio Público. Prueba de ello, son las auto denuncias frente a situaciones que se han alejado de la normativa legal, incluyendo 1.270 procesos administrativos y la permanente colaboración con el Ministerio Público en sus investigaciones”, puntualizaron.
“Carabineros ha impartido en forma constante instrucciones de los mandos operativos y lineamientos entregados por los mandos estratégicos, con el objetivo de reforzar el respeto permanente de los DD.HH. en cada procedimiento policial. A contar de octubre del año pasado hemos impulsado nuevos protocolos y estrategias operativas en control del Orden Público, con más de 6.700 carabineros con formación en materia de Derechos Humanos, reforzando el diálogo previo y las advertencias graduales”, explican.
Por esto último, lamentan “que el reporte contenga una serie de imprecisiones y omisiones. El informe da por probadas algunas denuncias graves en contra de determinados carabineros, pese a que éstas se encuentran actualmente siendo investigados por el Ministerio Público y deberán ser juzgadas por los Tribunales de Justicia”.
“Todas las denuncias deben ser debidamente investigadas bajo la dirección del Ministerio Público en conformidad a la ley. El establecimiento de la verdad y las responsabilidades civiles y penales le corresponden a los Tribunales de Justicia. En virtud de aquello, y en un Estado de Derecho, un organismo no puede atribuirse el cumplimiento de dicho rol”, añadieron.
«Como institución rechazamos, en forma tajante, que sus funcionarios hayan vulnerado en forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes y reitera su llamado a la prudencia y a permitir que los órganos del Estado realicen su labor con pleno respeto a la Constitución y las leyes”, declararon.
“Carabineros de Chile reitera su firme compromiso con el orden público y la seguridad de todas las personas, y con que sus actuaciones se hagan con estricto apego a los derechos humanos de los habitantes del país”, finalizan.
