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Crédito: ATON
La querella busca que se investigue una eventual responsabilidad de las autoridades, ya sea en la calidad de autores del delito, o como cómplices y/o encubridores, tanto en comisión activa como por omisión.
La querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH) en contra del Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior Víctor Pérez, el general director de Carabineros Mario Rozas y todos quienes resulten responsables de la muerte de Aníbal Villarroel, el joven de La Victoria que falleció el pasado 18 de octubre, fue admitida a trámite por el 10º Juzgado de Garantía de Santiago.
La querella busca que se investigue una eventual responsabilidad de las autoridades, ya sea en la calidad de autores del delito, o como cómplices y/o encubridores, tanto en comisión activa como por omisión.
Según especifica la querella, en las inmediaciones de la calle Departamental cerca del pasaje Eugenio Matte se produjo un despliegue de Carabineros de Chile provistos de carros lanza-aguas; lanza-gases y buses de transporte de personal uniformado.
“Alrededor de las 23.00 horas, y en circunstancias que la víctima y sus amigos se encontraban refugiados tras un poste de luz, ubicado en calle Departamental entre los pasajes Eugenio Matte y Raúl Fuica (…) un carro lanza-gases hace ingreso por pasaje Matte, intempestivamente se abren las puertas del carro, quienes se encuentran en ese lugar, Aníbal y Bastián Salamanca, se percutaron disparos desde dicho vehículo policial, uno de los que impacta de forma directa a las víctimas”, relata la denuncia.
“Aníbal fue impactado en el extremo superior izquierdo, luego, es auxiliado por vecinos de la población, quien fue llevado al CESFAM y SAPU Amador Neghme, donde posteriormente se constataría que los disparos le habrían causado su muerte”, agrega.
Los protocolos de Carabineros también son cuestionados por la querella, acusando que la institución no ayudó al herido.
“Es relevante señalar, que ningún funcionario de Carabineros de Chile que se encontraba en el lugar, fue a prestar ayuda. Estos hechos se enmarcan en una sistemática y permanente política de represión ejercida por el Estado de Chile y sus agentes, resultando masiva y generalizada a partir del mes de octubre del año 2019 a la fecha, desoyendo las recomendaciones de los organismos internacionales del sistema de protección de los Derechos Humanos, registrándose más de 8.500 denuncias por vulneraciones cometidas en contra de personas inocentes”, dice el documento.
