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Perú: declaran inconstitucional la devolución de fondos a trabajadores afiliados al sistema público de pensiones

por 4 febrero, 2021

Perú: declaran inconstitucional la devolución de fondos a trabajadores afiliados al sistema público de pensiones

Crédito: EFE

La norma obligaba al Estado a devolver a los cotizantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) hasta 4.400 soles (unos 883 dólares), lo que suponía un desembolso en total de unos 16.000 millones de soles (unos 4.390 millones de dólares), según estimaciones del Consejo Fiscal del Perú.
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El Tribunal Constitucional (TC) de Perú declaró este jueves inconstitucional la polémica ley que obligaba al Estado a devolver parte de sus cotizaciones a los trabajadores afiliados al sistema público de pensiones, lo que ponía en riesgo los recursos estatales para que los actuales jubilados reciban su pensión.

El fallo fue unánime por parte de los siete magistrados del Tribunal Constitucional de Perú, pues todos votaron a favor de declarar esta norma inconstitucional por afectar al acceso a las pensiones y al carácter intangible de los recursos estatales.

La norma obligaba al Estado a devolver a los cotizantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) hasta 4.400 soles (unos 883 dólares), lo que suponía un desembolso en total de unos 16.000 millones de soles (unos 4.390 millones de dólares), según estimaciones del Consejo Fiscal del Perú.

También contemplaba la devolución total de todas las cotizaciones para aquellos afiliados mayores de 65 años que todavía no cumpliesen el requisito de los 20 años de aportes para acceder a su pensión.

Gobierno se negó a promulgarla

Esta ley, aprobada a inicios de diciembre por insistencia del Congreso después de que el Gobierno se negara a promulgarla, buscaba emular otras leyes similares que se dieron durante el año pasado para permitir a los afiliados al sistema privado de pensiones retirar parte del dinero acumulado en sus fondos personales.

En concreto el Estado peruano permitió el retiro de hasta 17.200 soles (unos 4.720 dólares) de los fondos privados de pensiones como una suerte de ayuda para capear la crisis económica provocada por la pandemia de la covid-19.

Sin embargo, a diferencia de la ONP, donde las cotizaciones de los trabajadores sirven para pagar cada mes las pensiones de los jubilados y no hay un ahorro individual por parte del Estado, los fondos privados de pensiones son cuentas personales de ahorro.

Iniciativas similares se han dado en otros países de América Latina, como en Chile, que aprobó un retiro de hasta el 10 por ciento de los aportes en julio pasado y un segundo retiro en diciembre. También en Bolivia, con un proyecto de ley para la devolución de una parte de los aportes a los fondos de pensiones para "mitigar" los efectos de la pandemia.

Promotora de ley disconforme

La decisión del Tribunal Constitucional desató la agresividad verbal de la congresista Cecilia García, del populista partido Podemos Perú, que fue una de las principales impulsoras de esta polémica norma.

"Hoy el Tribunal Constitucional está pagando favores, cerrando el dinero a millones de peruanos y dejando 25.000 millones de soles (unos 6.800 millones de dólares) a diestra de ocho empresarios", afirmó García este jueves durante una sesión extraordinaria del pleno del Congreso sin mencionar a qué empresarios se refería.

Otra polémica ley en marcha

Además de la ley declarada este viernes inconstitucional, hay otro polémico proyecto de ley en trámite en el Congreso para crear el Sistema Integrado de Pensiones.

Este nuevo sistema propuesto contempla que una entidad pública administre tanto los fondos individuales que han acumulado 7,7 millones de afiliados de las Agencias de Fondos de Pensiones (AFP) y las jubilaciones para 4,7 millones de afiliados a la ONP.

La iniciativa legislativa impulsada por la congresista Carmen Omonte, de Alianza Para el Progreso (APP), ha sido rechazada tanto por la asociación de las AFP como por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), mientras que otros congresistas lo consideran un proyecto para estatizar en la práctica los fondos privados de pensiones.

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