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El alcalde Daniel Jadue calificó de “pobre” la reacción del gobierno frente a la muerte del malabarista Francisco Martínez en Panguipulli. El edil del Partido Comunista (PC) lamentó la respuesta del Ejecutivo que «no parece no tener control de la policía». Según Jadue, lo ocurrido es motivo suficiente para una reestructuración inmediata de la institución uniformada. Frente a la quema de oficinas públicas en la región de Los Ríos, el alcalde de Recoleta fue enfático: «Lo condeno, y yo espero que se hagan todas las investigaciones porque nada justifica lo que pasó después».
Una de las conclusiones de Daniel Jadue sobre lo ocurrido el viernes en Panguipulli, además de reforzar su crítica frente al procedimiento policial discutido y aprobado entre 2015 y 2016, es que el control preventivo de identidad no puede ser «algo tan árbitro ni tan salido de contexto», ya que este requiere de una sospecha real de que alguien pueda estar cometiendo un delito.
«Y no puedo imaginar qué delito podría haber estado realizando un malabarista que incluso es parte del paisaje de la comuna», comentó como invitado al programa Mesa Central de Canal 13.
El alcalde de Recoleta manifestó sus condolencias a familia de Francisco Martínez y condenó los hechos ocurridos. Sin embargo, su principal crítica fue contra la «pobre respuesta de un gobierno que parece no tener control de las policías».
Para el edil del Partido Comunista, «hoy día lo que se hace necesario es una intervención civil inmediata» de la Institución. Jadue asegura que si quiera pensar en reformas tomará mucho tiempo, cuando urge que se detenga esta «autonomía operativa de Carabineros que no entienden nada de Derechos Humanos y que tratan distinto a la gente en las manifestaciones; por clase social, o si son del Apruebo o del Rechazo».
«Carabineros ha perdido todo respeto de la ciudadania», cerró.
Ayer, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que pidió los antecedentes del hecho a Carabineros, condenó la quema de los edificios públicos, pero aseguró que de momento no hay intención de revisar los procedimientos de control de identidad. “Es una herramienta preventiva que nada tiene que ver con el uso del arma, eso tiene que investigarse”, dijo desde La Moneda.
