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En los documentos presentados, el parlamentario RN denuncia que 4 empresas con el mismo representante legal, dirección, formato de letra y precios muy parecidos, se adjudicaron contratos por más de $55 mil millones en dicho proceso licitatorio en la línea 2, perteneciente a las PYMES, una situación que habría sido alertada con anterioridad pero ignorada finalmente por Junaeb.
El diputado RN Andrés Celis Montt recurrió a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y a la Fiscalía Nacional Económica, solicitando que investiguen la recién adjudicada licitación por más de 1 billón que realizó la Junaeb para la entrega de alimentación escolar a 830 mil niños de colegios públicos y subvencionados entre 2021 y 2024.
De acuerdo a un reportaje de El Mostrador, los detalles del proceso incluyen redes empresariales y políticas, pero sobre todo que algunos de los ganadores se adjudicaron parte del contrato teniendo deudas con el Estado, a pesar de que la institución se comprometió a evaluar con severidad este aspecto.
De hecho, en los documentos presentados, el parlamentario denuncia que 4 empresas con el mismo representante legal, dirección, formato de letra y precios muy parecidos, se adjudicaron contratos por más de $55 mil millones en dicho proceso licitatorio en la línea 2, perteneciente a las PYMES, una situación que habría sido alertada con anterioridad pero ignorada finalmente por Junaeb.
“Los valores adjudicados por estas 4 empresas, eventualmente coludidas, representan más del 53% de la licitación, lo que significó también que 5 pequeñas o medianas empresas quedaran fuera. Resulta injusto además porque una PYME se puede adjudicar máximo 34.000 productos alimenticios por regla, sin embargo, con 4 empresas, la cifra asciende a 136.000 productos, lo que les permitió tener mejores precios que la competencia”, explicó Andrés Celis.
El parlamentario añadió que “es muy difícil que las pymes pudieran competir con ellos de igual a igual porque el mismo representante trabaja para la línea de grandes empresas, por lo que cuentan con toda una estructura central administrativa lista, con equipos formados para la línea 1 de grandes empresas”.
“Por la complejidad de la materia denunciada, y que este hecho podría revestir, eventualmente, el carácter de delito contra la probidad, pedí al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, que considere iniciar una investigación penal. Paralelamente, oficié al Fiscalía Nacional Económica por los posibles ilícitos que atenten contra el mercado como por ejemplo, eventual cartelización, concertación de precios de oferta y/o abuso de una posición de dominio o monopólica en el mercado”.
“Junto a lo anterior, pedí al Contralor General de la República que inicie una investigación administrativa y/o sumario para confirmar o descartar estas posibles irregularidades. En caso de ratificarlo, espero que la licitación se deje sin efecto y se llame a una nueva, sin vicios”, finalizó el parlamentario.
