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Crédito: Aton
En una declaración pública, los funcionarios manifestaron que «en la actualidad solo fiscalizamos alrededor del 4% del total de los recursos transferidos a los sostenedores, que en el año 2019 alcanzaron los 5 billones, novecientos mil millones de pesos, por concepto de subvenciones educacionales, es decir, una ínfima cifra de recursos fiscalizados, lo que puede poner en duda el alcance y la efectividad de la fiscalización de la Superintendencia».
La Asociación Nacional de funcionarios y funcionarias (ASUME) de la Superintendencia de Educación, dio a conocer sus dudas respecto a la acusación realizada por el superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, ante la Fiscalía por irregularidades en el uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), cuyo monto sería de $4.200 millones.
En una declaración pública, los funcionarios manifestaron que «en la actualidad solo fiscalizamos alrededor del 4% del total de los recursos transferidos a los sostenedores, que en el año 2019 alcanzaron los 5 billones, novecientos mil millones de pesos, por concepto de subvenciones educacionales, es decir, una ínfima cifra de recursos fiscalizados, lo que puede poner en duda el alcance y la efectividad de la fiscalización de la Superintendencia».
En la misma línea, plantearon que «las irregularidades denunciadas por el superintendente de Educación también se dan en colegios particulares subvencionados en todo el país. Solo para el año 2019, alrededor de 1.350 sostenedores no han acreditado saldo, centenares han acreditado saldos inferiores, otros tienen miles de millones de pesos en saldos sin acreditar, y a otros cientos más, se les han rechazado gastos por miles de millones de pesos, desde que se creó la SEP, y esto es de público conocimiento».
En el comunicado se plantea que «nos preocupa que nuestra institución, un organismo que debe ser eminentemente técnico, imparcial y objetivo, se preste para la farándula política de la que la mayoría de las y los ciudadanos de este país estamos agotados».
Finalmente, los trabajadores de la Superintendencia pusieron en duda la motivación del superintendente, ya que a su juicio es muy sesgado solo declarar por la prensa la situación de un solo sostenedor Municipal.
La declaración de los trabajadores de la Superintendencia de Educación se suma a la denuncia de la Municipalidad de Recoleta sobre el tratamiento discriminatorio respecto de otros sostenedores municipales, ya que mientras a San Bernardo por ejemplo, se le permitió abrir la plataforma de rendición, a Recoleta se le negó, aun cuando la situación de ambas entidades alcaldicias era la misma.
