PAÍS
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en respuestas enviadas a la la fiscal Claudia Perivancich -en el marco de las diligencias por delitos de lesa humanidad durante el estallido social-, sostuvo que la «oficina regional solicitó, sin éxito, que las autoridades, en particular a la más alta autoridad del Ministerio del Interior, a tomar medidas concretas para garantizar que cualquier uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad se realice en estricto respeto de las obligaciones y estándares de derechos humanos”.
«A partir del 18 de octubre, se había producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza», dijo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en respuesta a nueve preguntas enviadas por la fiscal Claudia Perivancich, en el marco de las investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos durante el estallido social del 2019.
La fiscal, quien envió solicitudes de información a distintos organismos relacionados con la protección de los DD.HH, está encargada de las diligencias de 20 querellas contra autoridades del país, entre ellos el Presidente Sebastián Piñera, los exministro del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel y el exgeneral director de Carabineros Mario Rozas.
En las respuestas de Bachelet, enviadas el 10 de diciembre del 2020 -y reveladas por La Tercera-, la alta comisionada ahonda en las conclusiones del informe que emitió la oficina de DD.HH. de la ONU en diciembre del 2019.
«El informe concluyó que había razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se había producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la región metropolitana y contextos urbanos”, dijo la expresidenta, consigna el citado medio.
Sobre el seguimiento a las recomendaciones hechas por Naciones Unidas, Bachelet sostuvo que se publicará un informe con las observaciones durante los primeros meses de este año.
La expresidenta de Chile mencionó que la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur sostuvo reuniones «con la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, el ministro de Justicia, el ministro de Salud, el contralor general de la República, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y la directora de derechos humanos de Carabineros de Chile”.
Sin embargo, la “la oficina regional no ha podido sostener reuniones con las más altas autoridades del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, por razones ajenas a la oficina”, explica.
“Por otra parte, la oficina regional intervino en el Comité Interministerial de Derechos Humanos, en su reunión del 30 de enero de 2020, expresando su preocupación por casos del uso excesivo de la fuerza (incluso, en contra de manifestaciones pacíficas, observadores de derechos humanos y brigadistas de salud)», prosigue Bachelet.
«En esta reunión, la oficina regional solicitó, sin éxito, que las autoridades, en particular a la más alta autoridad del Ministerio del Interior, a tomar medidas concretas para garantizar que cualquier uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad se realice en estricto respeto de las obligaciones y estándares de derechos humanos”, indica la alta comisionada.
La exmandataria también reseña una experiencia concreta con el Ministerio de Salud. La oficina regional le solicitaron a las autoridades del Minsal tomar «las medidas necesarias para garantizar la protección de brigadistas voluntarios de salud». La solicitud fue rechazada, indicándose que los brigadistas voluntarios no gozan de estatus oficial/profesional y no están autorizados a ofrecer primeros auxilios”.
