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Crédito: ATON
Es importante resaltar que Bachelet tuvo que responder una pregunta de la fiscal Claudia Perivancich, encargada de tramitar más de 20 querellas contra distintas autoridades del país por crímenes de lesa humanidad durante el estallido social. Fue en ese contexto que la ex Mandataria hizo referencia a la falta de cooperación de diversas carteras. Sobre por qué Bachelet dijo esto a la fiscal, Galli comentó a La Tercera que «no quiero atribuir intenciones, pero probablemente la representante del Alto Comisionado en la Región no les anunció todas las gestiones que hizo el Estado de Chile en esta materia».
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, contradijo las declaraciones de la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien apuntó a una falta de colaboración por parte de los ministerios de Interior, Defensa y Salud con la misión de observadores enviada por la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Chile durante las protestas por el estallido social.
«La oficina regional no ha podido sostener reuniones con las más altas autoridades del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior por razones ajenas a la oficina (…). Por otra parte, la oficina regional intervino en el Comité Interministerial de Derechos Humanos, en su reunión del 30 de enero de 2020, expresando su preocupación por casos del uso excesivo de la fuerza», dice el informe en cuestión.
Precisamente sobre ese Comité Interministerial, el subsecretario Galli precisó que «el 30 de enero de 2020, en este comité interministerial, el jefe de la oficina regional de la alta comisionada expuso la preocupación por la situación de avance de sus recomendaciones. Sin embargo, el 19 de diciembre de 2019 había respondido el exministro Blumel, con el estado de avance de las 16 medidas adoptadas por el gobierno en materia de DD.HH. y orden público».
Incluso, de acuerdo a La Tercera, Galli comentó que el 23 de julio recibieron una carta de la ONU «que nos felicita por la actualización del protocolo de la escopeta antidisturbios. Se tomaron las medidas y se nos felicitó por eso».
La misiva está firmada por la coordinadora del Sistema de Naciones Unidas en Chile, Silvia Bucks, y dice que «los cambios introducidos (en el protocolo) avanzan en asegurar el respeto de los derechos de las personas y responden a algunas de las inquietudes planteadas en la reunión celebrada el 12 de noviembre en el Palacio de La Moneda».
«Valoramos la incorporación de medidas específicas tendientes a resguardar la identidad de las personas que se encuentren ejerciendo su derecho a la libertad de reunión pacífica y manifestación», agrega la carta, aunque aclaran que «este es un importante paso y necesario paso, pero no es suficiente».
Es importante resaltar que Bachelet tuvo que responder una pregunta de la fiscal Claudia Perivancich, encargada de tramitar más de 20 querellas contra distintas autoridades del país por crímenes de lesa humanidad durante el estallido social. Fue en ese contexto que la ex Mandataria hizo referencia a la falta de cooperación de diversas carteras.
Sobre por qué Bachelet dijo esto a la fiscal, Galli comentó a La Tercera que «no quiero atribuir intenciones, pero probablemente la representante del Alto Comisionado en la Región no les anunció todas las gestiones que hizo el Estado de Chile en esta materia».
Además, desde Naciones Unidas aclararon que la carta que le hicieron llegar al entonces ministro del Interior Gonzalo Blumel, al titular de Justicia Hernán Larraín, y al ahora ex general director de Carabineros, Mario Rozas, no tiene un tono de felicitación. De hecho, Rucks se refirió a este tema con el citado medio, indicando que «mejorar los protocolos es un paso importante, pero no suficiente. Se requiere, además, una reforma que resulte en una policía moderna, respetuosa de los derechos de las personas, transparente y con mecanismos de rendición de cuentas efectivos».
